Este martes, la oposición retomará las conversaciones para una sesión especial en Diputados, prevista para la tercera semana de mayo, con el objetivo de impulsar medidas contra la administración del presidente Javier Milei.
Representantes de Encuentro Federal, Unión por la Patria (UxP), Coalición Cívica, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda, que suman más de 130 diputados, buscarán asegurar una mayoría absoluta para los debates.
Primero, definirán las autoridades de la comisión investigadora por el caso Libra, tras el estancamiento de la semana pasada. La comisión quedó dividida en 14 a favor de la investigación y 14 cercanos a La Libertad Avanza. Los nombres propuestos fueron Gabriel Bornoroni (LLA) y Sabrina Selva (UxP).
“El paso que sigue es elegir a las autoridades de la comisión que será con el pleno en el recinto. Creo que, lejos de traer claridad, la interpelación de (el jefe de Gabinete) Guillermo Francos demostró que es inminente que la comisión investigadora empiece a funcionar”, afirmó la diputada Sabrina Selva.
“Intentamos constituir la comisión investigadora por el caso de la criptomoneda Libra, un tema que nos preocupa. Pero no se pudo constituir en virtud de la jugada del oficialismo para bloquearla, poniendo en 14 a 14 la cantidad de miembros", agregó Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal.
La ofensiva opositora incluye una segunda sesión de interpelación el 14 de mayo, donde se espera la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. “Si no vienen los vamos a denunciar, y les vamos a iniciar el pedido de juicio político por incumplimiento a sus deberes como funcionarios públicos”, advierten desde UxP.
Además, se impulsarán proyectos de ley sobre Emergencia en Discapacidad, financiamiento universitario y prórroga de la moratoria previsional. “El próximo 13 de mayo se buscará firmar dictámenes sobre las iniciativas”, explicó Gabriela Brouwer de Koning, de la UCR.
La Emergencia en Discapacidad, que busca declarar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, plantea mejoras en prestaciones, pensiones y trato.
“Se está regresando al modelo médico de los años 70, que ya había sido superado por las luchas del colectivo y por los marcos de derechos humanos. Volvieron a poner el foco en la patología, en la medición de la discapacidad, en lugar de entender las barreras sociales. Es un retroceso de 50 años”, criticó Eduardo Valdés, de UxP.
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