El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha asumido amplios poderes de emergencia con el objetivo de fortalecer el control que ejerce su gobierno sobre la economía, argumentando la necesidad de proteger al país de una "guerra comercial mundial" derivada de los aranceles impuestos por Estados Unidos.
El decreto, firmado por Maduro la noche del martes, faculta al régimen en Caracas para implementar diversas medidas económicas de carácter temporal. Entre ellas se encuentran la suspensión de ciertos impuestos, la centralización en la recaudación de ingresos y la reasignación de fondos de los programas estatales existentes. Además, se otorga la autoridad para exigir la compra de bienes de producción nacional, lo que busca reducir la dependencia de las importaciones y fomentar tanto la inversión local como la extranjera.
Durante un discurso televisado, Maduro enfatizó: "Se trata de proteger a todos nuestros sectores productivos de la guerra económica y comercial global, especialmente la que se dirige contra Venezuela y todo el continente". Asimismo, anunció: "Hoy firmo el decreto de emergencia económica que me faculta, durante dos meses, renovables cada 60 días, para actuar e implementar políticas públicas que defiendan e impulsen la economía nacional".
Esta decisión se enmarca en el contexto de una serie de medidas arancelarias implementadas por Estados Unidos, iniciadas el 2 de abril, en el marco de la estrategia del presidente Donald Trump para reducir el déficit comercial y respaldar las industrias estadounidenses. Aunque Trump comunicó el miércoles por la tarde la suspensión de la mayoría de los aranceles por un periodo de 90 días, el impacto adverso sobre el gobierno venezolano ya se había manifestado semanas atrás. Dicho impacto se evidenció en la revocación por parte de Washington de las licencias especiales concedidas a Chevron y otras petroleras internacionales, que permitían continuar operaciones limitadas en el país, así como en la aplicación de un arancel del 25% a los países que adquieren petróleo y gas venezolanos.
El arancel del 25%, descrito por diversos analistas como una modalidad de sanciones secundarias, refuerza las restricciones previamente impuestas sobre la petrolera estatal PDVSA.
abril 10, 2025
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