La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este martes avanzar con la investigación sobre el escándalo del caso $Libra, la criptomoneda que fue promocionada por el presidente Javier Milei, y resolvió citar a Guillermo Francos, jefe de Gabinete; Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia; y Luis Caputo, ministro de Economía. También fue incluido el vocero presidencial, Manuel Adorni, aunque se acordó no convocar al propio presidente ni a su hermana, Karina Milei.
Las interpelaciones, que tendrán carácter obligatorio, se concretarán en paralelo al informe de gestión que Francos brindará la próxima semana ante el Congreso. La decisión fue producto de un acuerdo entre los bloques opositores, que se impusieron pese a la resistencia del oficialismo y sus aliados.
La comisión investigadora tendrá un plazo de 90 días para recabar información y analizar la vinculación del mandatario con la criptomoneda promocionada el pasado 14 de febrero, en un posteo en redes sociales donde el Presidente señalaba que podía ser útil para las economías regionales. El proyecto fue apoyado por Unión por la Patria, el bloque Democracia para Siempre, sectores de Encuentro Federal y otras bancadas federales. Algunos exlibertarios se abstuvieron, como Oscar Zago, Eduardo Falcone, Cecilia Ibáñez (MID) y Lourdes Arrieta.
Durante el debate, Pablo Juliano, titular de Democracia para Siempre, apuntó: “Cuando la sociedad argentina votó al presidente Milei, lo hizo asqueada de un sistema político que sólo busca beneficiarse”. Y remarcó la contradicción de que el presidente “se haya lanzado a promocionar una criptomoneda que terminó defraudando a miles de personas en el mundo”.
Desde Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño enfatizó: “En todos los parlamentos serios, cuando el Presidente aparece mencionado como posible estafador en diarios de todo el mundo, se cita a funcionarios a dar explicaciones”. Y agregó: “No queremos fulbito para la tribuna: queremos algo serio”.
El bloque Hacemos Coalición Federal también hizo escuchar su voz a través de Miguel Ángel Pichetto, quien insistió en que Francos debe concurrir antes del 16 de abril, junto a los demás funcionarios, porque “tienen obligación de venir”. Y recalcó: “Nos tienen que venir a informar. No queremos que nos vengan con engaños”.
Desde Unión por la Patria, Germán Martínez expresó: “Estamos dando un paso importante” y apuntó: “Lo que no podemos desconocer es que el derrotero del gobierno ha sido negativo desde la noche del 14 de febrero”. Para Martínez, la sucesión de decisiones del Ejecutivo ha buscado “tapar esta estafa” mediante medidas como decretos judiciales y presiones políticas. Y concluyó: “Le están provocando un daño al presidente”.
En contraposición, el diputado oficialista Nicolás Mayoraz calificó la medida como un “circo”. Según el legislador santafesino, “pretender armar una comisión investigadora por este tema es lamentable” y remarcó que el Congreso “no está por encima de los demás poderes”. Además, cuestionó el sesgo con el que, a su entender, se está actuando: “Lo califican de estafa desde el inicio”.
El factor Córdoba: clave para el quórum
Con 130 diputados presentes, la oposición logró habilitar el tratamiento de los proyectos. Hasta la noche del lunes, solo contaban con 125. El empujón decisivo llegó desde los representantes de Córdoba, alineados con el gobernador Martín Llaryora.
Aunque solo Natalia de la Sota había confirmado su asistencia previamente, luego se sumaron Juan Brugge, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres. También estuvieron presentes los cuatro diputados de Santiago del Estero, del espacio de Gerardo Zamora, y tres de cuatro catamarqueños vinculados a Raúl Jalil.
La votación dejó en evidencia un nuevo revés para el Gobierno, que solo contó con el respaldo parcial de sectores del PRO y la UCR, en medio de un clima político en el que los aliados parecen comenzar a marcar distancia del oficialismo.
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