El juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz dictaminó la prisión preventiva por 90 días contra el juez federal Marcelo Bailaque, señalado por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la resolución establece que la medida cautelar “no podrá hacerse efectiva de forma inmediata” debido a la protección de fueros que ampara a los magistrados hasta que el Consejo de la Magistratura lo determine.
Junto con la imputación, Rodrigues Da Cruz ordenó una inhibición de bienes por 1.500 millones de pesos y la inmovilización de las cuentas bancarias de Bailaque, exceptuando la de sueldo. Asimismo, se le prohibió salir del país sin autorización judicial.
Las acusaciones contra Bailaque se centran en su actuación en al menos tres expedientes: el manejo de fondos de la cooperativa portuaria de San Lorenzo y Puerto San Martín, irregularidades en investigaciones contra el narcotraficante Esteban Alvarado, y la presunta fabricación de una causa con fines extorsivos contra un empresario rosarino.
Durante la audiencia de imputación, los fiscales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra y Juan Argibay Molina expusieron los cargos, argumentando un “claro riesgo procesal” si el juez continuaba en libertad, dada su capacidad para entorpecer la investigación y su influencia sobre expedientes y personal judicial.
Tras un cuarto intermedio, Bailaque declaró negando rotundamente las acusaciones. Su defensa cuestionó los argumentos de la fiscalía para solicitar la prisión preventiva y otras medidas cautelares. No obstante, el juez Rodrigues Da Cruz falló a favor de los fiscales, considerando la evidencia abundante, la gravedad de los delitos imputados –extorsión, prevaricato, allanamiento ilegal, falsedad de documento público– y la calidad de juez federal del acusado.
Rodrigues Da Cruz enfatizó que la prisión preventiva es “la única medida efectiva para que se desarrolle sin problemas el proceso penal”, señalando que Bailaque aún tiene manejo sobre los expedientes y personal de su juzgado que podrían ser citados como testigos.
La resolución judicial fue comunicada al Consejo de la Magistratura, organismo encargado de analizar la situación de los jueces y determinar si corresponde el desafuero. Esta medida representa un llamado de atención para que el Consejo avance en la investigación sobre el desempeño de Bailaque, proceso que podría derivar en su suspensión o juicio político.
En su extenso descargo, Bailaque negó cualquier vinculación con Esteban Alvarado y su organización, así como haber interferido en las investigaciones en su contra. Respecto al contador Gabriel Mizzau, quien también trabajaba para Alvarado, admitió una amistad pasada pero negó conocer sus clientes. Además, resaltó haber procesado a Alvarado en tres oportunidades por distintos delitos.
Sobre la acusación de armar una causa contra el empresario Claudio Iglesias, Bailaque rechazó rotundamente haber conspirado con el ex director de la Afip en Rosario, Carlos Andrés Vaudagna, y el empresario Fernando Whpei, negando que los encuentros en el quincho de su edificio tuvieran ese propósito. Admitió realizar “reuniones sociales bastante seguido” en ese espacio, a las que asistieron diversas personas, incluyendo los fiscales acusadores y periodistas.
Finalmente, en relación al presunto desmanejo de fondos de la cooperativa de estibadores, Bailaque explicó que la transferencia de dinero a una mutual vinculada a Whpei fue a pedido del interventor designado en la causa original y que no fue una decisión direccionada por él. Aseguró que no hubo faltante de fondos y que se excusó en la medida del conflicto, considerando la complejidad del expediente y que Whpei no era parte del mismo.
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