Sobreseyeron a los 42 productores imputados por los incendios en las islas frente a Rosario

La Justicia federal finalmente sobreseyó a los 42 productores imputados por los incendios en las islas frente a Rosario. En 2020, los acusados fueron señalados como responsables de haber provocado focos ígneos de manera intencional. Sin embargo, "no hubo ningún indicio, en ninguno de los casos, que pudiera probar que los propietarios habían iniciado los incendios", dictaminó el fallo tras años de investigación.

Durante los meses más duros de la pandemia, Rosario fue invadida por el humo proveniente del Delta del Paraná. La fuerte sequía agravó la situación, mientras las llamas consumían el humedal frente a la ciudad. Organizaciones ambientalistas apuntaron rápidamente contra los productores dueños de los campos en Entre Ríos, sospechados de iniciar los incendios "para mejorar el terreno para el ganado".

Ante esto, la Municipalidad de Rosario realizó una denuncia penal basada en imágenes satelitales que detectaban "puntos de calor anormales". Aquellas pruebas fueron utilizadas para imputar a los 42 productores, lo que dio inicio a un largo proceso judicial que ahora, cinco años después, llegó a su fin sin ninguna condena.

"No fue comprobada la responsabilidad penal de las 42 personas imputadas en los incendios", expresó el fiscal Claudio Kishimoto en diálogo con La Capital. "Muchos de ellos, como dueños de las tierras incendiadas, no hicieron nada para custodiar la presencia de personas ajenas que hicieron los fuegos que ocasionaron los perjuicios ambientales y de salud", agregó.

El fiscal también remarcó: "No existió reproche penal a pesar de que sabían de la existencia de personas que hacían fuego y no hicieron nada para custodiar sus propias tierras y el daño que se ocasionó por esa negligencia".

Rosario como querellante

La denuncia penal fue presentada el 3 de marzo de 2020, apuntando a los presuntos responsables de las quemas en el Alto Delta del Río Paraná. El intendente Pablo Javkin luego amplió esa denuncia tras detectarse nuevos focos ígneos, con el respaldo legal de la subsecretaria Legal y Técnica del municipio, Juliana Conti.

La presentación incluyó trabajos periodísticos, informes del Museo de Ciencias Naturales Padre Antonio Scasso de San Nicolás —que señalaban un incremento por cinco en los focos ígneos en solo una semana—, y datos del sistema satelital de la NASA (FIRMS), que identificó más de dos mil focos de incendio en los primeros meses de ese año.

En julio de 2020, tras varios días de incendios continuos, el municipio de Rosario decidió presentarse como querellante en la causa que se tramitaba en la Justicia Federal de Entre Ríos. La intención fue "darle celeridad al proceso, encontrar responsables y generar soluciones" frente al daño ambiental y sanitario ocasionado por las quemas en el humedal y las costas santafesinas.

Qué dice el fallo judicial

"Ante la ausencia de pruebas vehementes, se genera una duda insuperable respecto de su vinculación con la situación constatada", reza el fallo de la Justicia Federal, que dictó el sobreseimiento definitivo para todos los imputados.

Algunos de los señalados como responsables declararon que los incendios "habían sido intencionales, pero que no hay elementos para señalar que fueron ellos los causantes". Uno de los imputados afirmó: “En la costa de la isla se instalaron distintos ranchitos, gente que va el fin de semana a instalarse ahí o a pescar”.

Otros indicaron que "no tenían los medios a su alcance para evitar el incendio", y el fallo también reconoce que "se trató de situaciones excepcionales que desbordaron incluso a los propios agentes estatales —brigadistas, bomberos y fuerzas de seguridad—, en cuya denuncia y/o contención intervinieron, en muchos casos, los propios imputados".

Además, el fallo sostiene que los incendios en el Delta del Paraná “intensifican a niveles nunca vistos el daño a los ecosistemas y humedales que merecen un cuidado extremo”.

Finalmente, el documento remarca que: "En ciertas ocasiones se constata la certeza de inocencia del imputado, pero en otras se constata la certeza de no poder reunir los elementos de convicción suficientes de sospecha sobre la participación del imputado en un hecho punible", por lo que continuar con el proceso judicial "sería prolongar innecesariamente el sufrimiento del imputado".