El pasado miércoles, Rubén Luis Weder juró como nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, integrándose al cuerpo conformado por Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta y los recientemente incorporados Jorge Camilo Baclini y Margarita Elsa Zabalza.
El acto protocolar, realizado en la capital provincial, no finalizó sin sobresaltos. Tras la ceremonia, el flamante ministro brindó declaraciones a la prensa que encendieron una inesperada polémica institucional.
En su diálogo con los medios, Weder reflexionó sobre el rol de la Corte Suprema, su vínculo con la sociedad, la necesidad de una reforma constitucional y la importancia de proteger las garantías y derechos ciudadanos. Sin embargo, sus palabras más controversiales surgieron al referirse a dos pilares fundamentales del sistema penal: el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público de la Defensa.
Afirmó que, pese a ser entes autárquicos ligados al Poder Judicial, “no hay una relación… Más aún, parecen depender del Poder Ejecutivo”. Además, señaló que "otro tema a revisar es el Consejo de la Magistratura".
Las declaraciones no pasaron desapercibidas. La jefa de los fiscales provinciales, María Cecilia Vranicich, reaccionó con celeridad mediante un comunicado oficial en el que cuestionó los dichos del nuevo magistrado.
Vranicich sostuvo que las afirmaciones de Weder “imponen la obligación institucional de reafirmar públicamente la independencia, autonomía funcional y autarquía financiera que rigen el desempeño del MPA”, y recordó que “las manifestaciones de los funcionarios públicos deben procurar mantener un marco de respeto recíproco y republicano de las funciones institucionales”.
La funcionaria también destacó que el MPA, ante el desafío de responder institucionalmente a una sociedad marcada por “violencias altamente lesivas”, requiere un trabajo “mancomunado y coordinado con las demás agencias del Estado que tienen responsabilidades en materia de seguridad pública”, lo cual “no puede entenderse como un menoscabo a su autonomía o independencia”.
Finalmente, reafirmó el posicionamiento del organismo frente a un eventual proceso de reforma constitucional, enfatizando que el MPA debe ser reconocido como un “órgano extrapoder en consonancia con la línea que marca la Constitución Nacional”.
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