La Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario solicitó prisión preventiva por 120 días, con prórroga automática, para los exdirectivos de Vicentin Omar Scarel, Alberto Macua, Daniel Buyatti y Roberto Gazze, acusados de liderar una asociación ilícita integrada por otros 15 miembros. A doce de ellos se les prohibiría ocupar cargos o intervenir en asuntos de Vicentin y sus empresas vinculadas, mientras que los tres restantes, parte de la conducción actual, no podrán tener contacto con el resto de los imputados. Además, se solicitaron fianzas de entre 10 y 15 millones de dólares.
Audiencia y fundamentos
En la segunda jornada de la audiencia imputativa, tras la detención de los exdirectivos por el default de 2019, los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno presentaron las medidas cautelares y la evidencia recopilada. Durante la sesión, que se extendió todo el día, se debatieron controversias procesales y se escuchó a las partes querellantes. El tribunal entró en cuarto intermedio, y este sábado se espera la intervención de los abogados defensores y una posible resolución.
Según los fiscales, los acusados mantuvieron el control de la empresa tras el cambio de directorio, continuando con maniobras que afectaron su patrimonio. Por ello, solicitaron ampliar la imputación por asociación ilícita y argumentaron que esta organización, además de desviar fondos ilegalmente, intentó obstaculizar la investigación penal en curso.
Restricciones y empresas afectadas
Además de la prisión preventiva para los cuatro exdirectivos, se impusieron restricciones a otras figuras clave de la empresa. Entre ellos, Máximo y Cristian Padoan, Martín Colombo Boschi, Sergio, Pedro y Roberto Vicentin, Yanina Boschi, Javier Gazze, Miguel Vallaza, Diego Boschi, Alberto Dimas Padoan y Facundo Persoglia, quienes deberán pagar fianzas millonarias y no podrán tener injerencia en la compañía.
Los fiscales pidieron una “perimetral” que impida a los acusados cualquier contacto con Vicentin y sus empresas vinculadas, entre ellas: Oleaginosa San Lorenzo, Algodonera Avellaneda, Terminal Puerto Rosario (TPR), Sottano, Sir Cotton, Friar, Playa Puerto, Río del Norte, Vicentin Desarrollos, Renova, Migasa Soya, Emulgrain Europa, Tastil, Diferol, Renopack, Biogas Avellaneda, Buyanor, Alimentos Refrigerados, Patagonia Bioenergía e Industria Agroalimentaria Latam.
Los acusados tampoco podrán ocupar cargos ni intervenir en las empresas, salvo para participar en asambleas mediante representantes informados a la Oficina de Gestión Judicial.
Un tercer grupo de acusados, integrado por Daniel Foschiatti, Estanislao Bougain y Carlos Sartor, actuales directivos de Vicentin, tendrá prohibido el contacto con los demás imputados y deberá garantizar el cumplimiento de las restricciones impuestas.
La trama detrás del fraude
Los fiscales sostienen que antes del default se formó una asociación ilícita para ocultar la crisis financiera de la empresa a productores y bancos, permitiendo continuar con el desvío de dinero y mercadería. Alegan que, tras el cambio de directorio, las maniobras fraudulentas continuaron con el objetivo de consolidar el delito y garantizar la impunidad.
Según la acusación, entre 2019 y 2024, la gestión de Vicentin generó un perjuicio patrimonial de $890 millones, equivalentes a 20.400 salarios mínimos. La fiscalía presentó pruebas como correos electrónicos, actas y comprobantes de facturación, mostrando cómo se realizaron transacciones fraudulentas en favor de exdirectivos y empresas vinculadas.
Algunos de los hechos denunciados incluyen la venta simulada de una aeronave, el pago de consultorías, cauciones, servicios periodísticos y honorarios de abogados con dinero de Vicentin. También se señalaron operaciones sospechosas en Londres, donde sociedades del mismo grupo entablaron juicios arbitrales para desviar fondos.
Encubrimiento y resistencia a la investigación
La Fiscalía denunció que los exdirectivos dificultaron la investigación penal, con maniobras de ocultamiento, amedrentamiento de testigos y una campaña mediática contra la causa. Además, los fiscales destacaron el retiro de hasta $1.000 millones por parte de miembros del clan Vicentin, mientras afirmaban “no haber dinero para pagar a los trabajadores”.
Incluso, la demorada entrega de Macua y Scarel tras las órdenes de detención fue interpretada como un intento de evadir la justicia, ya que no entregaron sus teléfonos celulares, obstaculizando la investigación.
Próximos pasos
Tras la presentación de los fiscales, los abogados querellantes respaldaron las medidas cautelares. El abogado Gustavo Feldman concluyó: “Si en 2021 había duda, pasaron cosas y hoy no la hay. Está claro que los jefes de la asociación ilícita están dispuestos a hacer lo que sea para seguir saqueando Vicentin y garantizar su impunidad”.
Este sábado, la audiencia continuará con la exposición de los abogados defensores, quienes intentarán revertir las acusaciones y frenar las medidas cautelares.
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