El gobierno nacional avanza en su plan de privatización de rutas y el puente Rosario-Victoria es uno de los primeros corredores afectados. A partir del 8 de abril, la concesión actual quedará sin efecto y será reemplazada por una nueva licitación, dejando afuera a la empresa Caminos del Río Uruguay SA (CRUSA), encargada de la operación hasta la fecha.
Desde la empresa advirtieron que, ante la falta de respuestas de la Dirección Nacional de Vialidad, "el gobierno nacional deberá hacerse cargo de la operación integral del corredor, que incluye la autopista del Mercosur y la ruta 174", además de las rutas actualmente bajo su administración.
Asimismo, alertaron que "el Estado Nacional no cuenta con la capacidad operativa ni los recursos económicos para asumir la gestión del corredor", lo que pone en riesgo la seguridad vial y el trabajo de más de 500 empleados.
Rutas desprotegidas y sin garantías
Según CRUSA, la falta de un acuerdo para una prórroga de la concesión con "tarifas lógicas" pone en jaque la asistencia en rutas, ya que "los usuarios podrían quedar sin servicios esenciales como ambulancias y auxilio mecánico". La empresa destacó que hoy se encarga de retirar camiones y despejar calzadas cuando se producen incidentes, evitando el colapso del tránsito en una traza de casi 700 kilómetros.
Desde la firma insistieron en que este proceso "deja en vilo a más de 500 trabajadores y sus familias", y apuntaron contra el gobierno nacional: "Se pierde empleo por las decisiones de quien genera el problema y al mismo tiempo pretende desentenderse de él".
Nueva licitación sin subsidios
El presidente Javier Milei impulsa una nueva licitación del puente Rosario-Victoria, en un proceso que se extenderá durante 12 meses. Mientras tanto, el gobierno asegura que Argentina está en "condiciones económicas óptimas" para atraer nuevas inversiones en la operación de los peajes y el mantenimiento vial.
Desde la Dirección Nacional de Vialidad remarcaron que el nuevo sistema "no contará con subsidios públicos", ya que el esquema actual es considerado "deficitario" y sin beneficios reales para los usuarios.
La licitación incluirá, además del puente Rosario-Victoria, el puente Zárate-Brazo Largo y los accesos a los pasos fronterizos de Paysandú y Uruguayana. En todos los casos se habilitarán "nuevas explotaciones complementarias o colaterales" para generar ingresos adicionales.
Desde Vialidad Nacional sostienen que el objetivo es reducir el gasto público, ya que los subsidios a las concesionarias demandan 6.100 millones de dólares en un período de 15 a 20 años.
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