Este jueves, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, se llevará a cabo una audiencia clave para determinar si cuatro directivos de Vicentin continuarán detenidos por presuntas maniobras fraudulentas. La causa, que se extiende por más de cinco años, involucra a la agroexportadora en un escándalo financiero con implicaciones políticas y económicas de gran magnitud.
Nuevas imputaciones y sospechas de desvío de fondos
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) dejó trascender que los directivos enfrentarán nuevas imputaciones por estafa, mientras la empresa mantiene una deuda post concursal de $5.000 mil millones y tres mil trabajadores aún no han cobrado el último cuarto de su sueldo.
Según fuentes del caso, la Fiscalía de Delitos Económicos investiga denuncias de socios minoritarios que sostienen que gerentes de la compañía habrían utilizado fondos de la empresa para pagar gastos personales.
El rol de Omar Scarel y los vínculos con la AFIP
Uno de los ejecutivos detenidos, Omar Scarel, enfrenta además acusaciones por su presunta vinculación con Carlos Vaudagna, un exfuncionario de la AFIP que admitió haber favorecido a la empresa durante el macrismo. Según reveló Aire de Santa Fe, Vaudagna confesó haber intervenido para evitar una investigación por apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, lo que representó un perjuicio fiscal de $143.254.723,61 entre 2016 y 2019.
Asimismo, el exjefe de AFIP en Rosario y Santa Fe reconoció que intercedió ante funcionarios de ARCA entre mayo de 2018 y julio de 2019 para evitar la impugnación de créditos fiscales indebidos y reducir el ajuste fiscal contra Vicentin.
La audiencia y la estrategia de la defensa
Junto a Scarel, comparecerán Alberto Macua, Daniel Buyatti y Roberto Gazze. La audiencia comenzará a las 14 horas y estará a cargo de los jueces Nicolás Foppiani, Valeria Pedrana y Gonzalo Fernández Bussy, con la acusación liderada por los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja.
Por su parte, la defensa, encabezada por Jorge Ilharrescondo, insiste en culpar a la Justicia provincial por obstaculizar un acuerdo con los acreedores y denuncia una presunta interferencia en el concurso de la firma. “Cada vez que avanza el concurso, aparece una maniobra judicial en contra”, expresó el abogado, quien también criticó la legalidad de los 20 allanamientos realizados en la causa.
Con esta audiencia, se definirá si los directivos continuarán tras las rejas o si podrán recuperar su libertad mientras avanza la investigación sobre uno de los casos de fraude empresarial más resonantes de los últimos años.
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