El juez de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, se expresó con dureza contra la decisión del presidente Javier Milei de nombrar por decreto a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces del máximo tribunal de la Nación.
"Implica una violación flagrante al mandato constitucional. Es un espanto en términos jurídicos institucionales", expresó Erbetta en una entrevista con Radiópolis.
El magistrado citó a Juan Bautista Alberdi al señalar que "la Constitución era la carta de navegación de los argentinos", y añadió: "Estamos en el mundo al revés, hoy me encuentro con que está todo dado vuelta". También recordó la gestión de Raúl Alfonsín y su esfuerzo por reconstruir la legalidad constitucional, así como el proceso de selección de jueces durante el gobierno de Néstor Kirchner con el decreto 222, al cual calificó de "indiscutible".
"Es el funeral de la democracia", sentenció. "Llama la atención, en primer lugar, el silencio de quienes tienen la obligación jurídica funcional de ponerle límites a los desguaces de la Constitución y, en segundo lugar, el silencio de quienes tenemos la responsabilidad institucional, académica y gremial también de alzar la voz", añadió.
Erbetta reclamó un pronunciamiento del Consejo Nacional de Decanos de Derecho, las asociaciones de magistrados y los colegios de abogados. "No tenemos motivos para no hacerlo, tenemos el deber de levantar la voz para defender la legalidad constitucional", enfatizó.
El magistrado advirtió que "es preocupante romper las reglas básicas del funcionamiento republicano, que se asienta en la división de poderes", y criticó la contradicción en los discursos republicanos: "Cuántas veces nos cansamos de escuchar de los republicanos. No hay manera más atroz de violar la independencia judicial que designar jueces por decreto".
Por último, recordó que la reforma constitucional de 1994 solo permite el uso de decretos presidenciales para cubrir "vacantes de empleos públicos que se producen durante el receso" del Congreso y solo en casos de urgencia. "Pretender reducir a la cabeza de otro poder del Estado a la condición de empleado público del presidente de la Nación me parece verdaderamente humillante", concluyó.
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