Los ex directivos de Vicentin, Omar Adolfo Scarel y Alberto Julián Macua, se entregaron este sábado en la sede de la Tropas de Operaciones Especiales (TOE). Ambos estaban siendo buscados por la justicia desde que se emitieron órdenes de captura el viernes pasado. Las detenciones se produjeron tras una serie de allanamientos que involucraron a otros ex gerenciadores de la empresa, entre ellos Daniel Buyatti, ex presidente de Vicentin, y Roberto Gazze, ex integrante del directorio. Ambos fueron arrestados en el marco de una causa penal por asociación ilícita, fraudes y estafas que está avanzando hacia el juicio oral.
El fiscal Sebastián Narvaja, a cargo del Área de Delitos Económicos de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, ordenó los allanamientos y las capturas. Junto a su colega Miguel Moreno, ambos fiscales señalan a Buyatti y Gazze como los principales responsables de una organización criminal que perpetró una monumental estafa que resultó en el vaciamiento y caída de la agroexportadora.
El fraude asciende a 1.500 millones de dólares y la investigación apunta a un total de 17 ex directivos de Vicentin involucrados en el desfalco. Entre los perjudicados se encuentran productores agrícolas que entregaron granos sin recibir pago y diversas entidades financieras, tanto nacionales como internacionales, incluida la Banca Nación, que otorgó un préstamo a la firma cuando su situación financiera ya era insostenible.
En las próximas audiencias imputativas se decidirá si se solicita la prisión preventiva de los cuatro detenidos, quienes, tras el inicio de la causa en 2020, habrían continuado con maniobras para ocultar su patrimonio y las ganancias obtenidas de las estafas.
Los más comprometidos en la causa son Gazze y Buyatti, quienes, según los fiscales, jugaron roles clave en la maniobra de ocultamiento de activos y fraude. Gazze, ex Director de Administración, Finanzas y Recursos Humanos de Vicentin, es acusado de transferencias de grandes sumas de dinero a bancos extranjeros y de realizar maniobras para eludir las consecuencias legales de sus acciones. Además, se detectó una transferencia de un millón de dólares desde Vicentin a una cuenta personal de Gazze, sin dejar registro en las actas del directorio.
Por su parte, a Buyatti, quien también está vinculado a una cuenta en Suiza, se le atribuyen 49 hechos delictivos. En 2020, había en la cuenta una suma de 450.000 dólares, que fue transferida a sus hijos como una "donación" para diluir el patrimonio obtenido ilícitamente.
Los allanamientos realizados abarcaron Rosario, Reconquista, Avellaneda, Adrogué y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ejecutados por Gendarmería Nacional. Además de las consecuencias penales, los operativos impactan en el proceso concursal de Vicentin, que ya atraviesa diversas complicaciones judiciales.
En el último giro, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe suspendió la homologación del concurso de acreedores de Vicentin, al declarar procedente un recurso de inconstitucionalidad presentado por el grupo Grassi, que adquirió parte de la deuda de la firma. Por su parte, el fiscal de Cámaras de Apelación, Miguel Ángel Molinari, avaló un recurso extraordinario ante la Corte Suprema nacional, que podría desactivar la decisión tomada en Santa Fe.
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