Milei retoma su agenda después del viaje a EE.UU y se focaliza en los nombramientos de Lijo y García-Mansilla. (Foto: AP - AFP - NA).
Javier Milei vuelve a la actividad presidencial este lunes, luego de su reciente visita a Estados Unidos, donde se reunió con Donald Trump y la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Su regreso estará marcado por una decisión clave: definir si designará por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia.
El Ejecutivo avanzó en las gestiones durante la ausencia del Presidente, y el plazo para estas designaciones vence este 28 de febrero, justo un día antes de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.
Definiciones en la Casa Rosada y la incertidumbre en torno a Lijo
Fuentes oficiales aseguraron a TN que el Gobierno espera instrucciones directas de Milei para definir los próximos pasos. Sin embargo, hay incertidumbre sobre el caso de Lijo, quien aún no ha confirmado si aceptará el nombramiento por decreto.
Durante la última semana, el Ejecutivo barajó otros nombres como Carlos Laplacette, Alberto Bianchi, Ricardo Ramírez Calvo y Ricardo Rojas, pero finalmente optó por no convocar la sesión que debía tratar los pliegos en el Senado.
Si bien el oficialismo ya cuenta con los borradores de los decretos, solo Lijo obtuvo las firmas necesarias en el Senado, lo que deja abierta la posibilidad de que García-Mansilla sea designado directamente por DNU.
El límite constitucional y la resistencia a la designación por DNU
Milei tiene hasta el 28 de febrero para nombrar a los jueces mediante un DNU, ya que la Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 19, establece que el Presidente puede realizar nombramientos solo cuando el Congreso está en receso. A partir del 1° de marzo, esta alternativa quedará descartada.
Sin embargo, Lijo no está convencido de aceptar el nombramiento por decreto. Si así fuera, debería renunciar a su actual cargo como juez federal, y su designación en la Corte tendría una duración de nueve meses, hasta noviembre. Para continuar en el cargo, necesitaría el aval del Senado año tras año, lo que implica un riesgo político considerable.
En este contexto, desde la oposición ya anticiparon su rechazo. Unión por la Patria confirmó que impugnará cualquier intento de designación por DNU, lo que podría derivar en una nueva disputa política en el inicio del año legislativo.
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