El Gobierno Nacional anunció la anulación de la licitación para la modernización y operación de la Hidrovía Paraguay-Paraná, señalando que la única oferta recibida fue la de la empresa belga DEME. Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que “la única oferta presentada fue la de DEME, que se ocupó de teñir el proceso de denuncias de faltas de transparencia, demandas ante la Justicia y otras acciones, que desistieron pocos días antes”.
Adorni enfatizó la importancia estratégica de la Hidrovía, considerada una de las reservas hídricas más relevantes a nivel mundial y la principal vía de exportación para Argentina, ya que por ella transitan cerca del 80% de los bienes exportados. Según el vocero, el proceso licitatorio se había diseñado para garantizar un procedimiento “transparente y competitivo”, estableciendo como condición la cancelación del llamado en caso de recibir una única propuesta.
Durante el proceso, se registraron presiones de diversos sectores –políticos, empresariales y mediáticos– que intentaron modificar los requisitos técnicos del pliego, generando acusaciones de direccionamiento en favor de determinados operadores, entre ellos la actual concesionaria Jan de Nul, que finalmente no presentó oferta. Ante esta situación, el Gobierno ordenó la apertura de una investigación para determinar si DEME ejerció presiones sobre otros potenciales oferentes o si se configuró una posible asociación ilícita que perjudicara al Estado y a los productores argentinos.
El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, destacó que el hecho de que DEME haya sido la única empresa en presentarse demuestra la transparencia del procedimiento, el cual fue validado en tres instancias judiciales. Sin embargo, el vocero advirtió que “un grupo de vivos operó el vaciamiento de oferta de esta licitación para frustrarla en desmedro de los productores argentinos”, lo que obligó al Ejecutivo a actuar con firmeza y ordenar la investigación de las presuntas irregularidades.
El proceso licitatorio, convocado en noviembre del año pasado, tenía como objetivo la “modernización, ampliación, operación y mantenimiento” de la vía, incluyendo tareas de dragado, renovación de la señalización y medidas de seguridad para combatir el narcotráfico y el terrorismo. La anulación del proceso, motivada por la falta de competencia, deja en evidencia la necesidad de revisar los mecanismos de convocatoria para futuras licitaciones en sectores estratégicos para el país.
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