El presidente Javier Milei se encuentra en el centro de un escándalo tras la promoción de la criptomoneda $LIBRA, cuyo repentino desplome generó pérdidas millonarias a miles de inversores. La Oficina Anticorrupción (OA), organismo dependiente del Poder Ejecutivo, ha sido instruida para investigar si el mandatario incumplió la Ley de Ética Pública (Nº 25.188). En caso de detectarse irregularidades, podría presentarse una denuncia penal ante la Justicia.
Un colapso que despertó alarmas
El escándalo estalló el 14 de febrero, cuando Milei utilizó sus redes sociales para fomentar la participación en el "Viva la Libertad Project" de la empresa KIP Protocol. La criptomoneda $LIBRA pasó de valer US$ 0,000001 a US$ 5,20 en pocas horas, para luego desplomarse cuando sus desarrolladores abandonaron el proyecto y retiraron los fondos de los inversores.
Tras un día de silencio y una primera disculpa pública, la Oficina del Presidente (OPRA) comunicó que la OA, a cargo del abogado Alejandro Melik, analizaría si "existieron conductas impropias por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente". La investigación buscará determinar si Milei violó el artículo 2, inciso G de la Ley de Ética Pública, que prohíbe a funcionarios utilizar recursos del Estado para beneficiar intereses privados.
Investigaciones y acusaciones
La OA analizará el rol de los empresarios involucrados en la operatoria de $LIBRA, incluyendo a Hayden Mark Davis, presunto asesor del mandatario en blockchain; Julián Peh, CEO de KIP Protocol; y Mauricio Novelli, trader cercano al Gobierno.
Asimismo, la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), compuesta por especialistas en criptoactivos y lavado de dinero, también intervendrá en el caso. En paralelo, la Justicia ya ha recibido una denuncia penal contra Milei, presentada por el economista Claudio Lozano y otros dirigentes, acusándolo de "asociación ilícita" y "megaestafa" en perjuicio de más de 40.000 personas con pérdidas que superarían los US$ 4.000 millones.
Entre las medidas solicitadas se encuentran el allanamiento de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, la incautación de dispositivos electrónicos y el rastreo de billeteras virtuales vinculadas al caso.
Más indicios apuntan al entorno presidencial
El escándalo sumó otro capítulo con la denuncia de Charles Hoskinson, fundador de Cardano, quien aseguró que personas cercanas a Milei le pidieron coimas para organizar una reunión con el mandatario y lograr "favores especiales".
Por otro lado, Hayden Mark Davis, quien se presentó como asesor de lanzamiento de $LIBRA, afirmó que "Milei había garantizado apoyo público" al proyecto.
Según Davis, el Presidente respaldó la cripto hasta su desplome, momento en el cual se desvinculó abruptamente y eliminó todas las publicaciones relacionadas.
Posibles consecuencias
Desde la Casa Rosada, el Gobierno busca minimizar el impacto de la investigación y descarta la posibilidad de un juicio político. "Se debe investigar todo y ahí veremos. No hay funcionarios implicados en maniobras ilícitas ni hubo dolo", aseguraron fuentes oficiales. Sin embargo, constitucionalistas como Félix Lonigro y Andrés Gil Domínguez han cuestionado la autonomía de la OA y pidieron la intervención del Congreso.
El desenlace de esta crisis política y financiera aún es incierto, pero lo que sí queda claro es que la relación del Gobierno con el mundo cripto ha quedado seriamente comprometida.
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