En Rosario y Victoria se vive una creciente alarma ante la inminente finalización de la concesión del servicio de peaje en el Puente Rosario-Victoria, que concluye el 8 de abril. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Peaje de Santa Fe (Sutracovi), Leandro Bond, alertó a La Capital sobre las consecuencias de esta decisión, manifestando que "El fin de la concesión del Puente Rosario-Victoria, que será el 8 de abril, dejará sin servicios a los usuarios y sin trabajo a los empleados del peaje".
La actual concesión, operada por la empresa Crusa, llegará a su término sin posibilidad de prórroga, según confirmó la autoridad concedente. Este cierre implica que, al concluir el contrato, no solo se verán afectados los servicios esenciales para la comunidad, sino que todos los trabajadores vinculados a la explotación del peaje enfrentarán el cese definitivo de sus relaciones laborales. Bond enfatizó que la situación se agrava al afirmar que "la patronal alega que el Estado incumplió sus obligaciones contractuales y, por ello, no tiene fondos para pagar las indemnizaciones legales", una postura que deja en evidencia la vulnerabilidad del colectivo laboral.
Asimismo, el dirigente sindical destacó la gravedad del escenario al señalar "enfrentamos una grave situación" como colectivo, producto tanto de la precaria realidad en la que se encuentra Crusa como del aparente abandono del Estado nacional en el cumplimiento de sus compromisos. Este contexto no solo pone en riesgo el sustento de numerosos trabajadores, sino que también amenaza la continuidad de un servicio fundamental para los miles de usuarios que transitan por la vía.
El anuncio se produce en un momento en el que la incertidumbre se cierne sobre la conectividad regional. Con la fecha de finalización del contrato acercándose rápidamente, tanto los empleados como la comunidad demandan respuestas y soluciones urgentes. La eventual ausencia de un nuevo concesionario que asuma la explotación del puente podría traducirse en una interrupción prolongada de los servicios, afectando no solo la movilidad, sino también la economía local y la calidad de vida de quienes dependen de esta infraestructura.
La problemática se suma a otros desafíos en materia de derechos laborales y servicios públicos, generando un debate en torno a la responsabilidad del Estado y las empresas concesionarias. En tanto se aguarda la intervención de los organismos competentes para mitigar los efectos adversos de esta situación, la incertidumbre y el descontento continúan creciendo en la región, reflejando la necesidad de una pronta y eficaz solución que garantice tanto la protección de los trabajadores como la continuidad de un servicio esencial para la comunidad.
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