El hallazgo de los cuerpos de Steven Medina (11 años), Nehemías Arboleda (15 años), y los hermanos Ismael (15) y Josué Arroyo (14), asesinados y calcinados, conmociona a Ecuador. Los menores habían sido detenidos por una patrulla militar el 8 de diciembre en Guayaquil, según registraron cámaras de videovigilancia. “El pueblo afrodescendiente está con mucho dolor, han matado a sus niños”, lamentaron los manifestantes durante el sepelio.
Detención, abuso y un trágico final
Un video evidencia cómo 16 soldados golpearon a los menores en la parte trasera de una camioneta antes de trasladarlos. Pese a que el Ejército afirmó que los niños fueron liberados en el pueblo de Taura, un testigo clave contradijo esta versión. El hombre, apodado “el samaritano”, relató que los chicos llegaron a su casa desnudos, golpeados y aterrados. Les prestó ropa y un teléfono para que uno de ellos llamara a su padre. Sin embargo, antes de que pudieran ser rescatados, hombres encapuchados los secuestraron nuevamente.
Horas después, los cuerpos fueron hallados calcinados en una zona pantanosa cerca de un río en Taura, un pueblo conocido por la ausencia estatal y la convivencia entre el crimen organizado y una importante base militar.
Indignación social y reclamos de justicia
El crimen generó masivas protestas, con la participación de miles de personas y organizaciones de derechos humanos. Los funerales se convirtieron en actos de denuncia contra el abuso de poder y la discriminación racial. “Expresamos nuestro profundo dolor y solidaridad con las familias... y señalamos la responsabilidad de todo el Estado ecuatoriano en la desaparición forzada y el asesinato de los niños”, expresó la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.
Los 16 militares implicados enfrentan cargos por desaparición forzada. Las organizaciones también responsabilizan a la cadena de mando militar y al gobierno de Daniel Noboa, acusándolos de omisión y encubrimiento. Además, denunciaron la estigmatización mediática hacia los menores y sus familias.
Ecuador vive días de luto e indignación, mientras la sociedad exige justicia y respuestas por uno de los casos más impactantes de violencia institucional en el país.
