El Gobierno respondió en duros términos al informe de Amnistía Internacional (AI) que cuestionó el protocolo antipiquetes implementado por la administración de Javier Milei. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, descalificó las observaciones del organismo internacional al afirmar que “no entienden nada” sobre la situación en el país y acusarlos de estar “del lado de los delincuentes”.
AI había difundido un informe titulado “Uso excesivo de la fuerza”, en el cual denunció que las fuerzas policiales en Argentina ejercen “la fuerza de manera desproporcionada y excesiva”, violando los principios básicos de la ONU sobre el uso de la fuerza y armas de fuego. Según el documento, se reportaron numerosos casos de represión violenta, incluyendo “el uso abusivo de gases lacrimógenos, balas de goma y bastones”, así como detenciones arbitrarias de manifestantes.
Bullrich respondió con contundencia, afirmando: “Un país que hace 25 años tenía piquetes, con la gente extorsionada y presos de los gerentes de la pobreza, logró salir de esa situación con mínima violencia. Que salgan con un informe así muestra que están del lado de los delincuentes”. La funcionaria sostuvo que AI está “influenciada por una ideología alejada de lo que le pasa a la sociedad” y cuestionó: “¿Por qué no le preguntan a la sociedad si quiere seguir viviendo con los piqueteros dueños de la calle?”
En declaraciones a El Observador FM, Bullrich calificó el informe de AI como “ridículo” y aseguró que el organismo se centra en proteger a los victimarios, mientras el Gobierno trabaja para defender a “los 46 millones de argentinos víctimas de piquetes y extorsiones”.
Las denuncias de Amnistía Internacional
El informe de AI detalló diversas prácticas represivas que considera violatorias de los derechos humanos, tales como:
- “El uso indiscriminado de balas de goma disparadas a la parte superior del cuerpo de manifestantes, causando graves lesiones”.
- Detenciones arbitrarias y el “uso abusivo de la fuerza física durante los arrestos”.
- “Persecución penal constante” a personas que participan en manifestaciones, con acusaciones frecuentes de resistencia a la autoridad.
El debate sigue abierto entre la defensa oficial de las medidas de seguridad y las críticas de organizaciones internacionales por la presunta violación de los derechos fundamentales.