El Gobierno está ultimando detalles para enviar al Congreso un polémico paquete legislativo que propone derogar la Ley Micaela, eliminar la figura del femicidio del Código Penal y desmantelar varias normativas destinadas a promover la equidad de género y la inclusión de minorías. Este proyecto podría convertirse en uno de los principales ejes de la campaña para las elecciones legislativas de 2025.
Según fuentes de la Casa Rosada, el objetivo es suprimir todas las leyes que “contemplen discriminación positiva sobre minorías”. La secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, quien responde al asesor presidencial Santiago Caputo, está a cargo del desarrollo de esta iniciativa.
En el Ejecutivo sostienen que “no resiste ningún análisis que el Estado tenga que hacer excepciones y darle un trato especial a un grupo particular”. Incluso, el presidente Javier Milei enfatiza su oposición a políticas que promuevan la “diversidad de género”.
Entre las principales modificaciones que plantea el proyecto se encuentra la derogación de la Ley 26.791, que considera como agravante el homicidio cometido “por un hombre y mediando violencia de género”. Según argumentan desde Nación, “no hay ninguna diferencia entre el homicidio de un hombre o de una mujer”.
Además, el paquete incluye la eliminación de la Ley Micaela (27.499), que desde 2018 establece capacitaciones obligatorias en perspectiva de género para quienes trabajan en el ámbito público. También se busca derogar normativas que regulan cupos laborales inclusivos, como la Ley 22.431, que exige que al menos el 4% de los empleados estatales sean personas con discapacidad, y la Ley 27.636, que reserva el 1% de los empleos estatales para personas travestis, transexuales y transgénero.
La propuesta legislativa avanza aún más, sugiriendo la derogación del decreto 476/2021, que habilitó el DNI no binario, junto con la Ley de Cupo en Eventos Musicales (27.539), que establece que el 30% de los artistas en festivales debe ser de género femenino.
Asimismo, se plantea revocar la Ley de Identidad de Género (26.743), que garantiza el derecho a la identidad autopercibida y el acceso a tratamientos médicos para adecuación corporal, y la Ley de Paridad de Género (27.412), que regula la equidad en las listas electorales.
Este paquete legislativo refleja un cambio de dirección en las políticas públicas del Gobierno, abriendo un fuerte debate en torno a los derechos conquistados por colectivos históricamente vulnerables.