Un nuevo caso pone en jaque la transparencia de los procedimientos policiales en Rosario. Este domingo, cuatro efectivos de la Policía Motorizada fueron detenidos acusados de llevar a cabo un procedimiento irregular en el barrio República de la Sexta. Según la denuncia, los agentes habrían plantado un arma y robado pertenencias durante un operativo en la vía pública.
La investigación, liderada por el fiscal Pablo Socca, permitió identificar y detener a los involucrados, mientras Asuntos Internos allanó las viviendas de los agentes en varias direcciones, incluyendo Crespo al 5200, Piedras 1500 y 2700, De la Cierva al 2600 y Belgrano al 600 en Coronel Domínguez, a 18 kilómetros de Rosario.
El procedimiento cuestionado
El hecho ocurrió el pasado 7 de diciembre en Beruti al 1900. Allí, los ahora detenidos detuvieron a un motociclista que no portaba documentos ni papeles del vehículo. La víctima aseguró que los tenía en su domicilio, cerca del lugar. Sin embargo, los policías irrumpieron en su casa, donde presuntamente robaron pertenencias, simularon una fuga, lo aprehendieron y colocaron un revólver en la escena para justificar una causa por portación ilegal de arma.
Las acusaciones que pesan sobre los agentes incluyen "falsedad ideológica de instrumento público por haber incluido información falsa en el acta policial, incumplimiento de los deberes de funcionario público, robo agravado por ser cometido por funcionario público y abuso de autoridad".
Debate sobre la facultad policial
Este caso se suma a las controversias generadas por la reforma al artículo 10 bis de la Ley Orgánica de la Policía de la provincia, que habilita a los agentes a solicitar documentos en operativos. El Servicio Público de la Defensa presentó una acción colectiva para proteger a los ciudadanos, argumentando que esta práctica puede "comprometer o limitar la libertad ambulatoria", especialmente en sectores vulnerables.
A pesar de que en primera instancia el juez Rafael Coria rechazó el hábeas corpus presentado, recomendó medidas como capacitar al personal policial, implementar tecnología para identificar personas sin trasladarlas a comisarías y articular con el gobierno medidas de asistencia.
Por su parte, el juez Gustavo Salvador enfatizó en octubre que, según la Constitución, "nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de hacer lo que ella no prohíbe". Además, subrayó que la no portación de DNI no justifica la privación de la libertad, ni siquiera por seis horas.
El Ministerio de Seguridad reconoció en una audiencia que los supuestos de excepción que justifican la demora "se deben sumar", indicando que "nunca puede demorarse para una simple identificación si no está precedida de un indicio cierto de probable comisión de un delito". Sin embargo, la práctica demuestra que la mayoría de las detenciones están relacionadas únicamente con la falta de documentos, un procedimiento que ahora enfrenta mayor escrutinio tras este polémico caso.
