Miguel Salvador Ernesto Moreno y Sebastián Rodrigo Narvaja, fiscales del Ministerio Público de la Acusación en el Área Económica de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Santa Fe, solicitaron penas de hasta cinco años de prisión para 14 ex directivos de la concursada Vicentin SAIC y de Renova SA, acusados de presunta administración fraudulenta.
En su presentación, los fiscales detallaron hechos que evidencian un "manejo promiscuo entre ambas sociedades", lo que haría suponer que las empresas se traspasaban mercadería según las necesidades de cada una. La acusación tiene su origen en una denuncia presentada por la firma Commodities SA, perteneciente a la familia Grassi, que entre 2018 y fines de 2019 depositó 500.785 toneladas de soja en las instalaciones de Renova. De esa cantidad, 445.177 toneladas fueron comercializadas en favor de Vicentin, que por aquel entonces era la empresa controlante de Renova.
A fines de 2019, cuando Vicentin se declaró en cesación de pagos, los accionistas de Commodities intentaron recuperar las 55.639 toneladas de soja que quedaban almacenadas en Renova, cuyo valor alcanzaba los 23,7 millones de dólares. Sin embargo, no tuvieron éxito.
Aunque Commodities no vendió ni transfirió las 55.639 toneladas a Vicentin, estas fueron transferidas a la empresa entre el 31 de mayo de 2019 y el 30 de junio de 2020, después de que Vicentin se declarara en quiebra. "Estas circunstancias fueron advertidas por las autoridades de Commodities SA al imponerse la documentación relativa al concurso de Vicentin SAIC", señala la denuncia.
Los fiscales argumentan que tales movimientos intentaban cargar a Vicentin, ya en cesación de pagos, con pasivos correspondientes a Renova, una empresa que no se encontraba en default. En este contexto, cabe recordar que el 3 de diciembre de 2019, un día antes de declararse en cesación de pagos, Vicentin vendió el 16,6% del capital de Renova a una empresa controlada por Viterra por 122,7 millones de dólares, lo que permitió a la firma europea tomar el control de Renova.
Los fiscales responsabilizan especialmente a Eduardo Gancberg (ex presidente de Renova y ex presidente y CEO de Viterra) y Daniel Buyatti (director de Renova por Vicentin), por lo que solicitaron para ambos una pena de cinco años de prisión, más accesorias legales y costas. Para Máximo Padoán se pidió una pena de cuatro años y seis meses de prisión, mientras que para Diego Mejuto y Daniel Pájaro la pena solicitada fue de cuatro años. Los demás acusados, incluidos Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Cristián Andrés Padoán y varios miembros de la familia Vicentin, enfrentan penas de tres años y seis meses de prisión.
Finalmente, los fiscales pidieron la apertura del juicio oral con la integración de un tribunal pluripersonal para juzgar el caso.
