El grupo inversor Cima SA, en alianza con acreedores granarios de la quebrada agroexportadora Vicentin, adquirió la deuda que la firma tiene con bancos internacionales. La operación, que asciende a un total nominal de 447.194.396,91 dólares, busca posicionar a estos actores como decisivos en el futuro del holding, enfrentándose al plan de concurso propuesto por la propia empresa, que incluye quitas de hasta el 80% y extensos plazos de pago para los acreedores. La estrategia apunta a implementar un esquema de cramdown, es decir, la adquisición de activos para reflotar los negocios y saldar las deudas en mejores condiciones. El fallo que determinará si se sigue el plan de concurso o se habilita esta alternativa está en manos de la Corte Suprema de Santa Fe.
Cima SA, liderada por Esteban Nofal, aparece como la compradora de los créditos internacionales, utilizando un complejo esquema financiero basado en sociedades offshore. Según la firma, los créditos adquiridos incluyen montos nominales provenientes de entidades como IFC (205,78 millones de dólares), FMO (122,28 millones), ING (46,42 millones), entre otras. Las estimaciones del mercado apuntan a que estas deudas fueron adquiridas por Cima SA a un valor de 11 centavos por dólar nominal, es decir, por unos 70 millones de dólares, prometiendo a los inversores un retorno cercano al 100% en dos o tres años.
La agroexportadora Vicentin enfrenta un complejo panorama tras ser acusada de falsear sus estados contables para mantener su operatividad y obtener préstamos fraudulentos. En el concurso actual, Vicentin ofreció a los bancos internacionales un pago equivalente al 30% de la deuda, propuesta rechazada en primera instancia pero aprobada por la Cámara de Apelaciones de Reconquista. Sin embargo, la Corte Suprema debe ahora resolver si ratifica esa homologación o habilita el cramdown, respaldado por Commodities SA, del grupo Grassi, el segundo mayor acreedor comercial detrás de la cooperativa ACA.
El presidente de Cima SA, Esteban Nofal, destacó en un comunicado que el grupo busca trabajar con diversos actores involucrados en el proceso, incluyendo a Commodities SA, para construir soluciones justas que preserven las fuentes laborales y maximicen el valor para los acreedores. Según fuentes del mercado, la operación financiera tiene como eje la sociedad uruguaya Soripel, creada en 2022, que canaliza los fondos hacia Deep Cap, una firma domiciliada en Luxemburgo encargada de la compra de acreencias.
El grupo Grassi, liderado por Mariano Grassi y titular de Commodities SA, impulsa el cramdown como una alternativa “superadora” para saldar las deudas y gestionar los activos de Vicentin de forma integral, evitando un desguace de la empresa. Mientras el plan del directorio de Vicentin solo contempla los activos industriales en San Lorenzo, Ricardone y Timbúes, el esquema de Grassi incluye las plantas del norte santafesino, acompañado por un significativo respaldo de acreedores granarios.
Por su parte, Vicentin reaccionó a la compra de acreencias con un comunicado en el que aseguró: “Nada habrá cambiado en el proceso cuya terminación perseguimos hace más de dos años y medio”. La firma instó a la Corte Suprema de Santa Fe a tomar una decisión definitiva: “Desde hace dos meses, la Corte tiene en sus manos la homologación de la propuesta que aprobaron una mayorÃa contundente de acreedores”, añadiendo que esperan un fallo conforme a derecho.
La definición de la Corte marcará el futuro de la cerealera, que desde 2019 protagoniza uno de los mayores escándalos financieros del sector agroindustrial en Argentina.
