La provincia de Santa Fe solicitó al Banco Central embargar las cuentas de Ar Zinc por un monto de 1.500 millones de pesos, como consecuencia de un grave daño ambiental en la localidad de Fray Luis Beltrán. Este pedido se efectuó luego de que fracasara una audiencia de conciliación en junio de este año, en el marco de una causa penal en la que el Estado provincial demanda a la firma por no realizar las acciones necesarias para evitar la contaminación del suelo que rodea sus instalaciones, adyacentes al río Paraná.
La disputa radica en las propuestas de solución. Mientras Ar Zinc sugiere realizar una obra valuada en un millón de dólares, el gobierno santafesino exige una remodelación integral que demandaría una inversión veinte veces mayor.
El periodista Daniel Bilotta detalló en el programa “Odisea Argentina” de Carlos Pagni que Ar Zinc fue adquirida en 2021 por Integra Capital, grupo liderado por José Luis Manzano, parte del conglomerado Vila-Manzano. Este grupo, además de tener intereses en la firma, concentra inversiones en energía, incluyendo petróleo, gas, litio, uranio y electricidad a través de Edenor.
Antes de 2021, la empresa pertenecía a Glencore, un gigante mundial en la extracción de zinc, que operó en Argentina hasta agotar sus yacimientos. Desde 2016, Ar Zinc dejó de funcionar y, con la compra de Manzano, se incluyeron sus activos y pasivos, destacando los depósitos A, B y C, donde se acumuló jarosita —un residuo tóxico derivado de la extracción minera— entre 1975 y 2000. El depósito B, ubicado junto al río Paraná, es el principal foco de peligro, ya que representa un alto riesgo de toxicidad para las especies nativas del río y afecta a las empresas del cordón industrial que utilizan agua del Paraná en su producción.
La denuncia penal contra Ar Zinc por contaminación ambiental fue presentada en 2020 por el gobierno de Omar Perotti, aunque tomó impulso recientemente bajo la gestión de Maximiliano Pullaro. Este último denunció dos formas críticas de contaminación: el desmoronamiento parcial de la barranca, ya sancionado con multas, y el filtrado de tóxicos hacia la napa subterránea, provocado por la acción de agua de lluvia en los depósitos.
En la fallida audiencia de conciliación de junio, Ar Zinc propuso una solución conocida como "capping", que implica cubrir los depósitos para protegerlos de la lluvia. Sin embargo, la provincia exige un plan integral de remediación que incluya el retiro del barro tóxico, su tratamiento especializado y la eliminación de residuos en un plazo de un año, además de un seguro de caución como garantía financiera en caso de incumplimiento.
Ar Zinc asegura estar en diálogo con el gobierno provincial para cerrar un acuerdo técnico y, según adelantaron, una vez resuelto el tema ambiental, planean montar una empresa de logística destinada a repartir leche en polvo, en un proyecto encabezado por Depresbiteris, socio de Edenor y dueño de Covelia, empresa de recolección de residuos.
