El Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial cuatro decretos destinados a garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos en las universidades nacionales. A partir de ahora, estas instituciones deberán reportar sus gastos, contrataciones y contabilidad mediante los portales COMPR.AR, CONTRAT.AR y e-SIDIF. Además, se promulgó un DNU que elimina las contrataciones interadministrativas o con personas registradas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.
El Ejecutivo aseguró que estas medidas no afectarán la autonomía universitaria. “Es para mejorar la rendición de cuentas”, señalaron funcionarios involucrados en la elaboración de los decretos. En el proceso participaron el Ministerio de Capital Humano, el Ministerio de Transformación del Estado, la Secretaría de Hacienda y la Oficina Nacional de Contrataciones.
Detalles de los decretos
El primer decreto obliga a todas las universidades a utilizar COMPR.AR y CONTRAT.AR. Aunque 35 universidades ya los emplean, otras aún no lo hacen, lo que complica la rendición de cuentas.
El segundo decreto dispone que las universidades dejen de usar el sistema SIU-Pilagá y lo reemplacen por e-SIDIF, permitiendo un seguimiento en tiempo real de los gastos y pagos. Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, destacó: “El SIU tiene un retardo en la información. Con el e-SIDIF, se podrá ver de manera online y sincronizada cómo se ejecuta el presupuesto”.
El tercer decreto, un DNU, establece restricciones a las contrataciones directas e interadministrativas, impulsando licitaciones y favoreciendo el desarrollo del sector privado. Según el Ministerio de Desregulación, “entre 2022 y 2023 se celebraron más de 2000 convenios entre jurisdicciones y universidades nacionales, lo que contradice su naturaleza excepcional”.
Finalmente, el cuarto decreto reglamenta el DNU mencionado, ajustando los cambios necesarios para su implementación.
Reacciones y tensiones con la UBA
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) respaldó las medidas del Gobierno para fomentar la transparencia, aunque persisten tensiones con la Universidad de Buenos Aires (UBA). La UBA ha mostrado resistencia a las medidas, lo que llevó a Álvarez a declarar: “La UBA tiene que entender que hay una Constitución en la Argentina y tiene que acatarla”.
Ante la posibilidad de judicialización de los decretos, desde el Ministerio de Desregulación expresaron confianza en su sustento legal. “No tenemos miedo. Queremos que todos los organismos se controlen por igual”, afirmaron.
A partir de la publicación de estos decretos, las universidades públicas comenzarán una transición gradual hacia los nuevos sistemas de transparencia.
