El Ejecutivo nacional, mediante el decreto 1094/2024 publicado en el Boletín Oficial, oficializó la eliminación del “Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social”, junto con la disolución de la Comisión Nacional encargada de su gestión y del Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito.
Desde el gobierno explicaron que “desde 2006 se han pagado expedientes por un total de $3.341.517.790, destinados a la capitalización de las Instituciones de Microcrédito. Sin embargo, a septiembre de 2024 se registra una cartera activa de $751.240.653”, lo que evidenciaría una pérdida significativa de los recursos totales entregados. Según el Ejecutivo, esto refleja una “deficiente administración del Programa”, atribuyendo la situación a la Comisión Nacional y calificando de “dilapidación de recursos públicos” el uso de fondos que debían ser destinados exclusivamente al desarrollo de los microcréditos.
Entre los principales argumentos para su eliminación, se destacó que “no ha alcanzado sus objetivos”, al no implementar un registro formal de las instituciones de microcrédito ni aplicar sanciones frente al incumplimiento de las normativas. Además, mencionaron que desde su creación “no se han realizado evaluaciones formales ni estudios de impacto que permitan medir la efectividad de la política de microcréditos en los emprendedores de la economía social”.
Otro aspecto señalado fue el sobredimensionamiento de la Comisión Nacional, cuya estructura excedía los requerimientos operativos necesarios para cumplir los objetivos del programa. Según el documento oficial, la contribución de la Comisión al desarrollo del programa “no ha sido significativa ni proporcional a los recursos dispuestos para su funcionamiento”, lo que evidenció una “ineficiencia económica que justifica su disolución”.
El Ejecutivo también subrayó que el financiamiento debe ser desempeñado de manera “eficiente y competitiva por el sector privado o público”, bajo la supervisión del Banco Central. Indicaron que existen actualmente diversas instituciones financieras, tanto públicas como privadas, con líneas activas de microcréditos destinadas a pequeños emprendedores, lo cual demuestra que el sistema financiero puede satisfacer esta demanda.
Por último, la decisión se justificó en el contexto de la crisis social y económica que atraviesa el país. Desde el gobierno argumentaron que “el país se encontraba atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios”, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. Atribuyeron esta situación a una economía estancada desde 2011, con “altísimos índices de pobreza e indigencia, con especial impacto en la niñez y deterioro de los salarios reales, ayudas sociales y haberes previsionales”.
El decreto marca un cambio de enfoque en las políticas de apoyo a la economía social, dejando en manos de instituciones financieras la tarea de cubrir las necesidades de los emprendedores.
