Cargill, la multinacional estadounidense, inició una serie de despidos en el sur de Santa Fe como parte de su reestructuración global. La empresa despidió a unos 70 empleados, principalmente personal jerárquico, en sus plantas ubicadas en Villa Gobernador Gálvez, Punta Alvear y Puerto General San Martín. También se registraron cesantías en los centros técnicos de la empresa, como la Bolsa de Comercio de Rosario. El Ministerio de Trabajo de la Nación ya convocó a una audiencia para el próximo lunes.
La empresa, que atraviesa una crisis interna y reportó una caída significativa de sus utilidades, anunció que recortará unos 8.000 puestos de trabajo en todo el mundo. De estos, alrededor de 600 afectarán a la Argentina. Los recortes en la región también impactaron en el departamento Rosario y en el Cordón Industrial, donde la multinacional tiene una fuerte presencia.
Según la Asociación de Supervisores de la Industria Biodiésel (Asiabra), los despidos afectan principalmente a personal fuera de convenio, como gerentes, supervisores, jefes de área y empleados administrativos. En total, Cargill emplea a unas 3.300 personas en Argentina, en más de 40 plantas de acopio, terminales portuarias y centros de procesamiento de granos y oleaginosas.
En Santa Fe, Cargill posee plantas de procesamiento de oleaginosas en San Martín y Villa Gobernador Gálvez, plantas de nutrición animal en Venado Tuerto y varias terminales portuarias en la región. En estas instalaciones también se produjeron despidos. Cristian Romero, secretario general de Asiabra, confirmó que el gremio ya presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, que fijó una audiencia para el lunes 9 de diciembre. "Solo en la planta aceitera de Villa Gobernador Gálvez hubo 30 despidos", señaló Romero, quien también indicó que hubo 5 cesantías en el puerto de Punta Alvear.
Romero denunció que en muchos casos los despidos se realizaron sin telegrama de cesantía. Según explicó, la empresa ofreció a los trabajadores desplazados la opción de un "cese acordado", lo que les permite cobrar dos sueldos adicionales y mantener la cobertura de la medicina prepaga durante seis meses, aunque con la clara sensación de que se trata de una desvinculación más forzada que voluntaria.
Además, Romero aseguró que la empresa reubicó a varios de sus jefes de seguridad en distintas plantas, como ocurrió en Puerto San Martín.
