En Bélgica, las personas que se dedican a la prostitución podrán ahora tener un contrato laboral que incluye cobertura social, derecho a vacaciones, jubilación, desempleo y baja por enfermedad o embarazo, según informaron medios internacionales. Esta medida busca ofrecer mayor protección frente a los riesgos asociados a la profesión, según un informe del sitio RFI.
Daan Bauwens, director de UTSOPI, la Unión belga de TraBajadores y Trabajadoras Sexuales, calificó la legislación como un avance histórico: «El trabajo del sexo es reconocido por la ley como un trabajo, hay una igualdad de derechos para los trabajadores y trabajadoras del sexo. Ya no hay más discriminación dentro de la ley. Lo que no era lógico era decir que se trata de un trabajo con riesgos y no hacer nada para proteger a las personas del sector de esos riesgos», afirmó Bauwens.
Sin embargo, esta medida no está exenta de críticas. Lina Gálvez, eurodiputada socialista española y presidenta de la comisión de igualdad del Parlamento Europeo, manifestó su rechazo, argumentando que la ley legitima indirectamente el proxenetismo: «Niego que las personas prostituidas sean trabajadores del sexo. O sea, yo parto de que ahí hay una explotación, una explotación de personas. Se habla mucho de la libre elección, pero insisto, hay una gran mayoría que son víctimas de trata y otra gran mayoría que son víctimas de la pobreza, o de un origen de pobreza, o de falta de inclusión social. Entonces tienen un abanico de elección y de libertades muy limitado», expresó Gálvez.
Por su parte, Bauwens reconoció que la prostitución tiene sus raíces en la desigualdad, pero argumentó que esta nueva legislación ofrece herramientas para quienes desean abandonar esta actividad: «Antes para las personas que querían dejarlo era muy difícil, porque no tenían derechos, como la seguridad social. Esto significa que no tenían derecho al paro, ni derecho a la formación, tampoco el derecho a abandonar, porque después de eso no había nada. Como ocurrió con la Covid, si se dejaba de trabajar, no había nada más».
A pesar de ello, Gálvez insistió en su postura: «No es que yo no esté a favor de que las mujeres que ejercen la prostitución puedan tener los mismos derechos que otras personas. Todo lo contrario. Lo que quiero es que sean ciudadanas plenas y lo que no creo es que estemos hablando de un trabajo», puntualizó la eurodiputada.
El debate continúa, exponiendo las tensiones entre la búsqueda de derechos para las trabajadoras sexuales y los dilemas éticos y sociales que plantea esta regulación.
