El Gobierno de Santa Fe decidió prorrogar por 180 días la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Juvenil, previsto inicialmente para principios de 2025. Esta modificación fue oficializada a través del decreto 2441, firmado el jueves, en el que se detallan las razones que justifican la demora en la implementación del nuevo sistema legal.
El Código, aprobado el 30 de noviembre de 2023, regula los procesos penales para personas menores de 18 años, estableciendo que los procedimientos serán similares a los de los adultos, con investigaciones dirigidas por fiscales y supervisadas por jueces. Sin embargo, el texto incluye particularidades para menores de 16 años, quienes no pueden ser condenados pero sí sometidos a un proceso especial que implica compromisos judiciales sobre su destino en caso de ser encontrados responsables. Este aspecto generó críticas de algunos sectores académicos y el rechazo de la exdiputada Matilde Bruera durante el debate legislativo.
Entre los principios rectores del Código se encuentra el respeto por el interés superior del menor y la observancia de los derechos establecidos en la Constitución Nacional, tratados internacionales y la Constitución Provincial.
Dificultades estructurales y operativas
El decreto de postergación destaca la "complejidad y naturaleza" del proceso de implementación, que exige una coordinación significativa entre las distintas estructuras del Estado. Uno de los mayores desafíos señalados es la transición del actual Sistema Penal de Menores al Ministerio Público de la Acusación (MPA), lo que implica absorber las causas en curso y disponer de la infraestructura adecuada y el personal necesario para gestionar la carga de trabajo residual.
El documento también cuestiona la información suministrada por la Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema, señalando que fue "parcial" en cuanto al número de empleados, asesores de menores y secretarios que deben ser transferidos al MPA. Además, carece de datos sobre la cantidad y características de las causas actualmente en trámite en los juzgados de menores, lo que dificulta una previsión precisa de la carga de trabajo.
Otro obstáculo señalado es la falta de definición de las locaciones que albergarán las oficinas del nuevo sistema y las dificultades para migrar los datos del sistema actual. A esto se suma el desarrollo de un sistema informático capaz de integrar los registros existentes.
Recursos humanos y capacitación
La implementación del Código requiere la cobertura de cargos titulares, subrogancias y vacantes, además de concursos para incorporar nuevos funcionarios. También se enfatiza la necesidad de capacitar a todos los actores involucrados en el sistema penal adolescente, ya que el modelo adoptará un esquema de audiencias orales bajo la modalidad adversarial y acusatoria.
Según el decreto, esto implica que los operadores adquieran "destrezas en litigación", asegurando la justificación de la intervención estatal punitiva en el ámbito penal adolescente. Además, se subraya la importancia de una "planificación en materia de capacitación" que incluya la colaboración interinstitucional con áreas del Estado que participarán activamente en el nuevo proceso.
La prórroga para la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Juvenil estaba contemplada en la ley original, que faculta al Poder Ejecutivo a realizar esta modificación en caso de considerarlo necesario.
