El Gobierno oficializó la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) con un plazo de un mes para su cierre, argumentando que busca una "mejor utilización de los recursos del Estado y evitar la duplicación de funciones". Esta decisión, que había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en octubre, fue ratificada este jueves mediante el Decreto 1020/2024, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y el propio Caputo.
En la fundamentación del decreto, el Ejecutivo destaca la necesidad de "reducir la superposición de funciones" y centralizar la gestión de recursos hídricos para lograr una administración "ágil y coordinada". También subraya que esta medida es parte de los esfuerzos de la administración para "ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y dirigir los recursos hacia quienes más lo necesitan".
Desde el Ministerio de Economía, consideran que la disolución del ENOHSA permitirá "consolidar una estructura única para la planificación y el control de todas las obras hídricas". Caputo había señalado previamente que el organismo, creado en 1995, "es un antro de corrupción", cuestionando su existencia cuando ya opera la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SSRH), la cual, según el ministro, "debería ser el órgano responsable de estas obras".
Al asumir la actual gestión, ENOHSA contaba con 1,485 obras en ejecución, de las cuales solo 122 han sido priorizadas, y su personal ha disminuido de 358 a 234 empleados. Según el decreto, el Ministerio de Economía está ahora encargado de traspasar los recursos materiales y financieros del ENOHSA a la SSRH.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, explicó que gran parte de las obras supervisadas por el ENOHSA "eran de alcance municipal y provincial", criticando el rol del organismo en la obra pública como "un gran pasamanos donde ‘el que reparte se queda con la mejor parte’". Añadió que Caputo derivó la responsabilidad de estas obras a las jurisdicciones locales, manteniendo solo 93 obras residuales bajo supervisión de un grupo reducido de empleados.
Sturzenegger vinculó la medida con la lucha contra la corrupción y señaló, en alusión a la condena reciente de Cristina Kirchner, que "la motosierra es un ingrediente esencial para reducir la carga tributaria y la mejor política anticorrupción".
