El entorno de la exvicepresidenta prevé que la decisión no será favorable y, en caso de confirmarse la condena, su defensa, liderada por el abogado Carlos Beraldi, recurrirá a un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Este recurso busca que el máximo tribunal del país revise la sentencia, ya que en esta etapa del proceso ya no se pueden presentar apelaciones.
Una vez que se conozca la decisión de la Cámara, Cristina Kirchner tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar el recurso, que luego será evaluado por los jueces de Casación. Si se rechaza, la defensa podrá presentar una queja ante la Corte Suprema en un plazo adicional de cinco días hábiles.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó a TN que, al plantear que la sentencia es arbitraria, la defensa podría argumentar que las pruebas en su contra son inexistentes o fueron valoradas de manera irrazonable. En este tipo de recurso, solo se examinan las cuestiones clave del juicio, por lo que la Corte podría decidir si revisa o no la condena.
Es importante destacar que, incluso si la Cámara confirma la sentencia, Cristina Kirchner no irá a prisión de inmediato, ya que la ejecución de la condena solo se llevará a cabo una vez que se agoten todas las instancias judiciales, incluida la revisión de la Corte Suprema. Además, no hay un plazo definido para que la Corte se expida, por lo que el proceso podría prolongarse durante varios años.
En paralelo, algunos analistas sugieren que, en caso de que la Corte no resuelva rápidamente, la exvicepresidenta podría continuar su carrera política, dado que la ley de "ficha limpia" no ha prosperado. Mientras tanto, se especula sobre posibles cambios en la composición de la Corte, con la incorporación de nuevos jueces que podrían influir en la revisión del caso.
La condena de Kirchner, vinculada a la manipulación de licitaciones para beneficiar a Báez, se suma a las de otros implicados en el caso, como el empresario y exfuncionarios de la administración pública, quienes también fueron sentenciados a prisión por delitos relacionados con corrupción en la obra pública.