La reforma judicial que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro está a punto de ser aprobada por la Cámara de Diputados de Santa Fe, con el objetivo de renovar la Corte Suprema. Esta reforma modifica la ley orgánica del Poder Judicial y establece una serie de cambios significativos, como la ampliación de la Corte a 7 miembros, la introducción de la paridad de género, y el cese automático de los jueces al cumplir los 75 años, salvo que el gobernador los proponga nuevamente y su pliego sea aprobado en la Legislatura.
La nueva normativa incluye varios aspectos clave que apuntan a transformar el máximo tribunal de la provincia. En primer lugar, se asegura que los jueces, al igual que el resto del personal judicial, deberán asistir a sus despachos de manera diaria. Además, se incorpora una instancia en el proceso de nombramiento donde la ciudadanía podrá realizar preguntas y observaciones sobre los pliegos de los postulantes.
Un punto que ha generado debate es la aplicación de la norma a los actuales miembros de la Corte, quienes podrían verse obligados a dejar sus cargos si no aceptan renunciar voluntariamente. De los jueces de 75 años, tres se resisten a retirarse: Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Roberto Falistocco, mientras que Mario Netri y María Angélica Gastaldi ya presentaron sus renuncias.
En relación al presupuesto, aunque se crea un nuevo puesto en la Corte y se descentralizan funciones, el proyecto establece que estos cambios se harán sin un aumento en la partida presupuestaria. En su lugar, se redistribuirán los cargos vacantes.
Otro de los aspectos destacados de la reforma es la implementación de la paridad de género en la Corte. La norma establece que se debe "procurar" que la integración refleje la igualdad de género y la diversidad regional. También se exige que el tribunal tenga al menos cuatro miembros designados para funcionar válidamente.
Además, se incorpora la posibilidad de que la Corte convoque audiencias públicas, permitiendo la participación de la ciudadanía en los procesos judiciales, con el fin de elevar la calidad institucional y la transparencia en sus decisiones.
Por último, se introducen cambios en la estructura administrativa de la Corte, con la creación de nuevas prosecretarías para descentralizar funciones y reducir el poder del actual secretario de Gobierno, Eduardo Bodas.
Este proyecto, que será debatido en el Senado la próxima semana, marca un hito en la reformulación del sistema judicial de la provincia, dando un paso importante hacia la modernización y la inclusión.
