Este 1 de noviembre de 2024 se cumplen 29 años de la explosión en la Fábrica Militar de Armamentos de Río Tercero, Córdoba, que dejó siete personas fallecidas y más de 300 heridos. El estallido de ese trágico día de 1995 sigue siendo una herida abierta, con una causa judicial inconclusa y con el reclamo incesante de justicia.
A las 8:55 de aquella mañana, un aluvión de 20 mil proyectiles salió despedido por la ciudad, transformándola en un escenario de destrucción. “La ciudad quedó reducida a escombros” y los barrios vecinos a la fábrica —Cerino, Libertador, Las Violetas y Escuela— resultaron los más golpeados por el desastre, que obligó a la evacuación de al menos 6 mil personas, mientras que el 10% de la población emigró, temiendo nuevos incidentes.
Las siete víctimas fatales, Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmasso, Elena Rivas de Quiroga y José Varela, no tenían relación alguna con la fábrica, al igual que la mayoría de los heridos. La visita inmediata del entonces presidente Carlos Saúl Menem pretendió calmar las especulaciones sobre un posible atentado. Ante los medios, Menem negó tajantemente esa hipótesis: “Descártelo totalmente, es un accidente”, aseveró a la prensa.
Sin embargo, el 23 de diciembre de 2014, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba determinó que no se trató de un accidente, sino de un “estrago doloso seguido de muerte” destinado a encubrir la venta ilícita de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995. Las condenas alcanzaron a altos funcionarios de Fabricaciones Militares: Edberto González de la Vega y Carlos Franke recibieron 13 años de prisión, mientras que Jorge Antonio Cornejo Torino y Marcelo Gatto fueron condenados a 10 años.
El propio Menem fue sentenciado en 2013 a siete años de prisión, aunque nunca llegó a cumplir su condena por contar con fueros parlamentarios. En Río Tercero, el fallecimiento del exmandatario en 2021 fue recibido con distancia. La ciudad, por disposición del intendente Marcos Ferrer, “decidió no adherir al duelo nacional ni rendir homenajes a Carlos Saúl Menem, acusado de ser el principal responsable” de la explosión en la fábrica.
A la fecha, unas 10 mil personas han demandado al Estado argentino por los daños psíquicos, morales y económicos ocasionados, y se estableció un fondo de 80 millones de dólares para indemnizaciones, con un tope de 50 mil dólares por persona. La tragedia en Río Tercero permanece viva en la memoria colectiva, un recordatorio doloroso de una tragedia que aún pide respuestas y justicia.
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