Un informe socioeconómico elaborado en septiembre de 2024 por la Encuesta Nacional Inquilina destacó que uno de cada cuatro inquilinos ha rescindido su contrato de alquiler al no poder afrontar los costos, y el 92% de estos contratos están fuera de los términos establecidos por la ley de alquileres.
La encuesta reveló que casi el 50% de los ingresos de los hogares se destina al pago de alquileres y expensas, sin tener en cuenta impuestos ni servicios públicos. Esta situación coloca a la vivienda, los ingresos y las tarifas como los principales problemas que afectan a la clase trabajadora. La mayoría de los contratos se actualizan cada tres o cuatro meses, según indica el informe.
Sebastián Artola, referente de la Federación de Inquilinos Nacional y líder de Inquilinos Agrupados Rosario, advirtió sobre la grave situación: “La realidad de los inquilinos es cada vez más difícil. Los resultados del informe de septiembre son preocupantes y muestran como principal problema la creciente dificultad para sostener el pago del alquiler”. Artola señaló que desde la implementación del DNU 70/2023, los contratos han sufrido aumentos cada tres meses, superando la inflación y con una duración de solo dos años. “Si a esto le sumamos los gastos de ingreso, los aumentos en servicios e impuestos, el combo es fatal”, añadió.
El informe también resalta que el 26,7% de los encuestados tuvo que abandonar su vivienda por no poder pagar el alquiler, en comparación con el 15% registrado en junio. Asimismo, solo el 14,8% de los inquilinos está cubierto por la ley de alquileres, que estipula contratos de tres años y actualizaciones anuales basadas en el Índice de Contratos de Locación.
La encuesta muestra que el 44,5% de los ingresos de los hogares se destinan al alquiler y expensas, cifra que asciende al 49,8% para aquellos contratos iniciados bajo el DNU 70/2023. Además, el 88,9% de los inquilinos prevé dificultades para afrontar el pago del alquiler en los próximos meses, mientras que el 64,6% ya tiene deudas, principalmente relacionadas con alimentos, alquiler y tarjetas de crédito.
En cuanto al empleo, el 5% de los inquilinos está desempleado, mientras que el 24% está en busca de trabajo. La edad promedio de emancipación se sitúa entre los 26 y 30 años, pero las condiciones laborales de los menores de 25 años, sumadas a los requisitos del mercado inmobiliario, dificultan su acceso a una vivienda.
Finalmente, el informe resalta que los contratos firmados en 2024 bajo el DNU 70/2023 tienen un costo hasta un 35% superior a los acordados bajo la ley de alquileres, con diferencias que en algunas provincias, como Santa Fe, alcanzan el 40%. Los contratos cortos, de uno o dos años, son ahora los más frecuentes, mientras que el 94,8% de los inquilinos ha experimentado aumentos en el precio del alquiler cada seis meses o menos.
La encuesta concluye que más del 80% de los inquilinos está preocupado por la situación de la vivienda y la evolución de sus ingresos, seguido de las tarifas.