Cuatro sacerdotes del Opus Dei se verán obligados a declarar, siguiendo el pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, por los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre. La solicitud fue presentada por el fiscal Eduardo Taiano, quien investiga las acusaciones que afectan a los religiosos en relación con 44 mujeres, la mayoría de ellas niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad al momento de su ingreso a la institución, entre 1972 y 2015.
El pedido de indagatoria, respaldado por los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo del juez Daniel Rafecas. Los sacerdotes imputados incluyen a tres que han ocupado cargos de "Vicarios Regionales" y a otro que se desempeñó como "Secretario Regional a cargo de la Sección Mujeres" dentro de la jerarquía del Opus Dei.
La investigación revela que el proceso de captación comenzaba con la selección de niñas y adolescentes de bajos recursos, frecuentemente provenientes de áreas rurales apartadas. Estas jóvenes eran llevadas a los centros de la organización con la promesa de recibir formación y mejorar sus oportunidades laborales.
Una vez en la institución, las mujeres eran sometidas a un régimen de “formación espiritual, profesional y laboral”. Aquellas que mostraban vocación para convertirse en “numerarias auxiliares” –una categoría exclusiva para mujeres– eran condenadas a realizar tareas domésticas de por vida en los centros del Opus Dei, tanto a nivel nacional como internacional, principalmente al servicio de hombres adinerados.
Las víctimas eran obligadas a cumplir largas jornadas laborales sin remuneración, y sin la posibilidad de abandonar el lugar de explotación. En algunos casos, incluso se les otorgaba una paga que debían devolver a quienes estaban a cargo de su residencia.
Tras su reclutamiento, las víctimas eran mantenidas en un estado de total aislamiento, sin acceso a medios de comunicación como radio, televisión o prensa, y sin oportunidades de ver el mundo exterior.
La denuncia que dio inicio a esta causa fue presentada el 12 de septiembre de 2022, cuando una persona alertó a la PROTEX sobre posibles casos de trata y explotación de personas dentro de la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei. Según el denunciante, entre 1974 y 2015, varias niñas y adolescentes fueron reclutadas y llevadas a diferentes centros relacionados con la organización, donde se les asignó el rol de “numerarias auxiliares”. Estas mujeres, muchas de las cuales provenían de hogares empobrecidos y en muchos casos eran migrantes, dedicaron su vida a realizar tareas domésticas para otros fieles. En sus declaraciones, indicaron que fueron sometidas a explotación al ser forzadas a trabajar de manera gratuita durante años.
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