Puerto Norte en la Mira: Tres Perspectivas sobre la Venta de Terrenos Públicos

El reciente anuncio del gobierno de Javier Milei sobre la venta de más de 300 propiedades estatales, incluyendo 80 mil metros cuadrados en Puerto Norte, Rosario, ha desatado una acalorada discusión política local. Dirigentes de diferentes partidos sugieren que el Estado provincial y municipal intervengan para adquirir estos terrenos, preservando así el control sobre la planificación urbana y el desarrollo de viviendas, evitando que intereses privados se apoderen de estas tierras con proyectos exclusivos que impulsen aún más la gentrificación de la zona.

La concejala Fernanda Gigliani advirtió sobre el impacto de los proyectos inmobiliarios en Puerto Norte: “Es un sector que se volvió bastante elitista, generando un proceso de gentrificación que expulsa a los vecinos históricos de barrios como Refinería”, declaró en una entrevista en Radio Sí. Gigliani propuso que el Estado actúe para adquirir estas tierras y frenar el avance de desarrollos privados que podrían ser inasequibles para muchos residentes.

Explicó que existen marcos legales para la transferencia de terrenos estatales a entidades locales, como ocurrió en los parques de España y Scalabrini Ortiz, que fueron cedidos sin costo. “Hay una ley marco que regula las transferencias de tierras del Estado a las provincias, municipios y comunas”, señaló, destacando que, aunque estas transferencias pueden ser gratuitas u onerosas, deben priorizar el uso público. Con terrenos limitados en Rosario, Gigliani subrayó la necesidad de “dar batalla” para proteger este recurso y sugirió que la colaboración entre el municipio y la provincia podría viabilizar un proyecto habitacional para la clase media.

Por otro lado, el concejal Carlos Cardozo, alineado con la iniciativa de venta del gobierno nacional, advirtió sobre las complicaciones en algunos de los terrenos a subastar. Según él, la decisión no tuvo en cuenta aspectos locales clave: “Los dos más complicados de los seis a la venta son los del triángulo Caseros, Francia y Junín: ahí están los asentamientos dentro de los polígonos de Barrios Populares”, explicó en diálogo con Cadena 3. Cardozo mencionó que el desalojo de estas tierras afectaría a unas 68 familias censadas, además de una cooperativa local, lo que complejiza cualquier operación de venta sin una planificación adecuada.

Cardozo también subrayó la importancia de un rol administrativo por parte del Estado municipal en la venta: “La Nación puede vender, pero los indicadores los da la Municipalidad. Tanto queda construido y tanto de verde”, expresó, sugiriendo que el control de la planificación urbana local se mantenga, incluso si los terrenos cambian de propietario. Además, propuso que la venta incluya un plan para reubicar a los habitantes actuales y resolver el estatus de la cooperativa Trechel.

Mónica Fein, ex intendenta de Rosario y actual diputada nacional, fue crítica con la venta, apuntando que podría favorecer a grupos afines al gobierno actual. A través de su cuenta en X, la diputada describió la medida como “un negocio inmobiliario para los amigos” y recordó: “Lo que le impedimos hacer al negociado de Julio de Vido durante los gobiernos kirchneristas, lo intenta Javier Milei en época libertaria”. Fein estableció así una conexión entre la venta actual y prácticas similares de gobiernos anteriores, que también enfrentaron críticas y problemas judiciales por ventas de terrenos estatales.

Históricamente, las ventas de terrenos públicos en Argentina han estado en el centro de múltiples controversias. Tanto el expresidente Carlos Menem como su ministro Domingo Cavallo fueron cuestionados por las condiciones de la venta del predio de la Sociedad Rural en Buenos Aires, aunque sus sentencias fueron revocadas por razones procesales. Durante los 90, otro caso resonante fue la privatización del astillero Tandanor, que fue cedido a empresas que priorizaban desarrollos inmobiliarios sobre el potencial industrial de la infraestructura.

Mauricio Macri también enfrentó conflictos judiciales derivados de ventas de terrenos estatales, como un campo del Ejército en Córdoba y predios en la ciudad de Buenos Aires. Fein mencionó estos antecedentes, enfatizando la necesidad de evaluar cuidadosamente las implicaciones de cualquier transacción que involucre bienes públicos.

En Rosario, el debate continúa mientras la ciudad evalúa el destino de terrenos que podrían ser vitales para una expansión urbana más inclusiva o, por el contrario, para un mercado inmobiliario privado que profundice la segregación social.