El Gobierno trabaja en un proyecto de ley para establecer aranceles en las universidades públicas para extranjeros no residentes, una medida que ya había sido propuesta en una versión inicial de la Ley Bases. A pesar de que la ley actual prohíbe el cobro de cualquier tipo de tarifa en la educación superior de gestión estatal, la administración nacional sigue adelante con la idea en medio de un conflicto con autoridades universitarias y gremios docentes.
Según fuentes consultadas por Ámbito, la iniciativa fue desarrollada en colaboración entre los Ministerios de Educación y Modernización del Estado. El texto de la propuesta busca reintroducir medidas que ya habían sido parte de la ley “Ómnibus”, pero que no lograron ser aprobadas por el Parlamento en su momento.
“La propuesta abarca a las instituciones de educación superior de gestión estatal y a universidades nacionales”, permitiendo que estas cobren aranceles a extranjeros sin residencia en el país. Los estudiantes argentinos y aquellos extranjeros con residencia estarían exentos de este cobro.
A pesar de haber sido retirada en su momento, la administración libertaria retomó esta iniciativa de manera silenciosa. Sin embargo, el contexto de su presentación ha generado polémica, especialmente porque la mayoría de las universidades nacionales ya impiden que extranjeros no residentes estudien en ellas. Resta conocer la versión final de la ley para determinar qué grupo de estudiantes será afectado.
Reforma educativa en proceso
Además de la controversia sobre los aranceles, el Gobierno trabaja en una amplia reforma educativa que también abarcará la enseñanza secundaria y el sistema de evaluaciones en la educación superior. Uno de los puntos más destacados es la introducción de un examen al finalizar la secundaria, como parte de la política de evaluación “Aprender”, y la implementación de evaluaciones periódicas para docentes y universidades.
La reforma también busca establecer “principios básicos para la asignación de recursos” en las universidades, algo que está ligado al proyecto de Presupuesto 2025. Si el presupuesto es aprobado, las universidades estarán obligadas a proporcionar información clave sobre la utilización de los fondos, permitiendo una asignación más controlada y eficiente de los recursos.
El plan incluye cambios en la educación a distancia para niveles secundarios y primarios, permitiendo modalidades híbridas a partir del segundo ciclo de primaria, y plantea flexibilizar las restricciones actuales en este aspecto.
Por otro lado, el Ejecutivo también propone incentivar a las instituciones escolares a recaudar fondos de particulares, empresas y organizaciones de la sociedad civil, siempre bajo la supervisión de las autoridades educativas.
Un escenario de ajustes y tensiones
El debate sobre esta reforma se desarrolla en un contexto donde el gobierno nacional está revisando los gastos en las universidades, junto con un ajuste en las partidas destinadas a su funcionamiento y los salarios docentes. Los recortes en el presupuesto general del Estado afectan directamente a estos sectores, generando tensiones entre el Gobierno, las autoridades universitarias y los gremios.
En resumen, el proyecto del Gobierno busca introducir una serie de cambios importantes en la educación superior, con medidas que no solo afectan a los estudiantes extranjeros, sino que también podrían transformar la forma en que las universidades administran y reciben fondos en el futuro.
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