El gobierno del presidente Javier Milei ha autorizado la venta de más de 300 inmuebles estatales en todo el país, alegando que estas propiedades “resultan innecesarias para su funcionamiento”. Según el Decreto 950/2024, publicado este viernes en el Boletín Oficial, la medida abarca terrenos en zonas clave de Rosario, como Puerto Norte y el barrio Refinería, que son de alto interés para desarrollos inmobiliarios.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) será la encargada de ejecutar la venta de estos terrenos. Entre las propiedades a la venta se encuentran antiguos inmuebles ferroviarios de Rosario, en las zonas de las estaciones Embarcaderos de la Línea Belgrano y Ludueña de la Línea Mitre. La lista de terrenos abarca otras ciudades de la provincia de Santa Fe, como Cañada de Gómez, San Cristóbal, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán.
Desde el Ejecutivo aseguran que el objetivo es “reducir los costos operativos del Estado” y desprenderse de bienes que consideran “ociosos”. En palabras del decreto, “mantener dichos inmuebles sin un destino asignado implicaría desatender intereses prioritarios del Estado nacional”. Este paso busca generar ingresos que contribuyan a aliviar la situación económica y promover una administración más eficiente. “Con el fin de ayudar a superar la crisis que enfrenta la economía de nuestro país y conjurar el grave riesgo de un deterioro de la situación social imperante, resulta oportuna la implementación de medidas como la que se impulsa”, detalla el decreto.
La AABE ejecutará la venta de propiedades que, aunque ya estaban autorizadas para la enajenación en decretos de años anteriores (2016, 2017, 2018 y 2019), no habían sido vendidas hasta ahora. No obstante, se excluyen de esta disposición los terrenos considerados de carácter estratégico, como instalaciones militares en Córdoba, Corrientes y Mendoza, así como inmuebles ubicados fuera del país o aquellos comprometidos legalmente y que han sido revertidos al Estado.
Con esta medida, el gobierno busca enfrentar la crisis económica y evitar el gasto en el mantenimiento de inmuebles que no están en uso, alineando la acción con su objetivo de equilibrio fiscal y reducción del gasto público.