A pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, dirigida por Alejandra Mángano, se llevaron a cabo allanamientos en centros médicos, escribanías y estudios jurídicos de Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y Rosario. Estos operativos fueron realizados en el marco de una investigación sobre una red internacional dedicada a la explotación de mujeres a través de la "subrogación de vientres", con la posterior venta de los bebés.
La investigación, iniciada en enero de este año, involucra a personas y empresas extranjeras que ofrecían servicios de gestación a parejas que no podían concebir, con un costo de 50.000 dólares. Según la fiscal Mángano, este "servicio" incluía la selección de una madre gestante, el tratamiento de fertilidad, el control del embarazo y el parto. Las gestantes, en su mayoría mujeres en situación de vulnerabilidad, recibían 10.000 dólares por el proceso, con un "plus" de hasta 2.000 dólares si el parto era por cesárea.
Sin embargo, si el embarazo era interrumpido por cualquier motivo, las empresas dejaban de pagar, exceptuando pequeños gastos mensuales. Las mujeres eran explotadas bajo condiciones económicas y de salud precarias, llevando adelante los embarazos sin contar las consecuencias físicas y emocionales de esta práctica.
Un negocio ilícito con alcance internacional
El propósito de esta red era inscribir legalmente a los bebés en el Registro Civil, para luego entregarlos a parejas extranjeras, sin ningún vínculo genético o social con los niños, como se verificó en el "caso 1", que desencadenó la investigación. La red contactaba a mujeres a través de redes sociales y las convencía de gestar a cambio de dinero, aprovechando su situación económica.
El Ministerio Público Fiscal argumentó que este esquema encuadra en el delito de trata de personas, contemplado en el artículo 145 bis del Código Penal, así como en el artículo 140, que sanciona la "reducción a la servidumbre". Además, la compraventa de seres humanos es un delito constitucional, según el artículo 15, que prohíbe cualquier contrato de esta naturaleza.
La conexión alemana
La investigación se inició tras una denuncia del Consulado de Argentina en Bonn, Alemania, donde una mujer de 58 años presentó a una niña de tres meses nacida en Argentina, en malas condiciones de salud. La mujer no pudo proporcionar la atención adecuada a la menor, lo que llevó a las autoridades locales a intervenir. La niña fue inscrita en el Registro Civil de Buenos Aires bajo una disposición interna, lo que destapó la existencia de una "mecánica empresarial" dedicada a la subrogación de vientres.
Entre 2018 y abril de 2024, se contabilizaron 147 casos de gestación por sustitución, de los cuales al menos 49 presentaban similitudes con el "caso 1", todos vinculados a personas extranjeras que no residían en Argentina y sin aportes genéticos o vínculos afectivos con las gestantes.
Los allanamientos
El miércoles último, la Policía Federal allanó cuatro centros de fertilidad en Buenos Aires y dos en Rosario, buscando historias clínicas y registros de pagos. También se intervinieron siete escribanías donde se firmaban los consentimientos de las gestantes, y tres estudios jurídicos que representaban a las partes involucradas.
La red investigada obtenía importantes ganancias de la explotación de mujeres y la comercialización de los niños nacidos bajo este esquema.
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