Allanamientos en Rosario: Detenciones de gremialistas por incidentes en la Legislatura

 

En el marco de la investigación por los incidentes ocurridos en la Legislatura de Santa Fe el 12 de septiembre, donde se aprobó la reforma de la ley previsional, se llevaron a cabo allanamientos en Rosario, Teodelina y Venado Tuerto. Estos operativos, ordenados por dos fiscales de la capital santafesina, resultaron en la detención de al menos cuatro gremialistas: Maximiliano Molina, de ATE Rosario y CTA nacional; Román González y Franco Casassola, ambos dirigentes de Amsafé Rosario; y Diego del Castillo, delegado de escuelas. También fue arrestado Daniel Vázquez, un ex trabajador del área de Niñez, quien se encontraba en situación de precariedad laboral.

Los procedimientos, realizados el miércoles por la Policía de Investigaciones (PDI), fueron solicitados por las fiscales Laura Urquiza y Yanina Tolosa. Los sindicatos afectados denunciaron los operativos, calificándolos de excesivos y se pusieron en estado de alerta.

Según informes preliminares, las detenciones fueron realizadas de manera violenta. Juan Pablo Casiello, secretario general de Amsafé Rosario, expresó su preocupación, afirmando que las detenciones se llevaron a cabo “con brutalidad, con armas de fuego, amenazando a los familiares y vecinos.” Casiello acusó al gobierno del gobernador Maximiliano Pullaro y a la Justicia de actuar en connivencia para reprimir a los sindicatos que se oponen a las políticas de ajuste.

Ante esta situación, ATE Rosario anunció una medida de fuerza que consiste en un cese total de tareas durante el turno de la tarde, comenzando a las 16:00, y convocó a una concentración en Plaza San Martín a las 17:00 para exigir la liberación inmediata de los detenidos y el cese de la persecución a los sindicalistas.

Uno de los allanamientos se llevó a cabo en la vivienda de la madre de la titular del gremio docente, donde se detuvo a Molina, generando mayor indignación entre los miembros de ambos sindicatos. ATE y Amsafé Rosario también han hecho un llamado a movilizarse hacia el Centro de Justicia Penal de la ciudad para manifestar su rechazo a la forma en que se está gestionando la causa relacionada con los hechos ocurridos en la Legislatura provincial.