El Gobierno nacional se encuentra en alerta ante la movilización prevista para el 2 de octubre, centrada en la defensa de la educación pública y el reclamo por el presupuesto universitario. La Casa Rosada monitorea la convocatoria, que promete una fuerte adhesión de la clase media, similar a la que en abril movilizó a cerca de un millón de personas en todo el país.
El equipo de Legal y Técnica del Gobierno mantiene en pausa la publicación del veto total a la ley de financiamiento universitario en el Boletín Oficial. Según explicaron, la decisión está supeditada a las negociaciones abiertas con las autoridades de las universidades nacionales para cerrar las paritarias antes del 3 de octubre, fecha límite para oficializar el veto. "La idea es arreglar el tema paritario antes de sacar el veto", indicó uno de los negociadores.
Pese a que el Ministerio de Capital Humano aclaró que el diálogo con las universidades "nunca se ha interrumpido" y que las transferencias se están ejecutando "en tiempo y forma", desde el oficialismo reconocen la creciente preocupación por el impacto de estas decisiones en la opinión pública.
Impacto de los aumentos tarifarios
La imagen del presidente Javier Milei ha sufrido una baja de cuatro puntos en su aprobación, según diversas encuestas recientes. Un asesor del Gobierno vinculó esta caída a los aumentos tarifarios en los servicios de luz, gas, agua y transporte, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Estos incrementos han golpeado con fuerza a sectores de la población que habían mostrado esperanzas en la gestión del Gobierno libertario.
Pese a esta caída en las encuestas, fuentes de Casa Rosada minimizaron el impacto y aseguraron que "los números no van a cambiar el rumbo" del programa económico. Un alto funcionario admitió que, si bien toman nota de los reclamos sociales, se mantendrán firmes en las medidas de ajuste previstas. Además, se anticipa una mejora económica recién para octubre de 2025, en vísperas de las elecciones legislativas.
Posibles cambios en la estructura universitaria
En el marco del debate sobre el financiamiento universitario, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, destacó la necesidad de transformar las universidades en instituciones "independientes, con autarquía" para evitar que dependan de los fondos del Congreso. "La universidad se vuelve esclava cuando depende de pedir recursos", afirmó Torrendell, sugiriendo que las universidades deberían contar con sus propios recursos.
Entre las opciones que se evalúan en el Poder Ejecutivo, se plantea la posibilidad de traspasar las universidades nacionales a las provincias, otorgándoles un presupuesto mínimo. Esto permitiría a los gobiernos provinciales hacerse cargo de su financiamiento, e incluso avanzar en el arancelamiento si así lo consideran adecuado. "Las universidades eligen sus autoridades, arman plan de estudio y le mandan la factura a la Nación. Así cualquiera", bromean en los pasillos de la Casa Rosada, aunque aclaran que la propuesta aún necesita ser refinada antes de su posible implementación.
Para concretar esta idea, sería necesario enviar una Ley Nacional que apruebe el traspaso de las universidades y conseguir el visto bueno de los gobernadores.
