Una reciente información proporcionada por el Ministerio de Seguridad de la Nación indicaba que una investigación sobre financiamiento al terrorismo internacional a través de transferencias de criptomonedas había llevado a cabo ocho allanamientos en distintas localidades del país. Según el informe, los procedimientos se realizaron en la provincia de Córdoba y en la localidad de Vila, Santa Fe. La investigación fue impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que había detectado 34 operaciones sospechosas en un período de tres meses, estimando que el volumen de fondos involucrados alcanzaba los 1.800 millones de pesos. El informe inicial también mencionaba la detención de cuatro personas.
Sin embargo, la fiscal federal de San Francisco, María Schianni, desmintió esta información, aclarando que no había detenidos en relación con las supuestas actividades de financiamiento del grupo terrorista Hezbollah. Si bien se llevaron a cabo allanamientos y se continúa con la investigación sobre las operaciones con criptomonedas, no se realizaron detenciones, solo fichajes sin imputaciones formales.
La fuente oficial había señalado que PROCELAC inició la investigación tras un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que alertaba sobre operaciones de criptomonedas entre un ciudadano colombiano ubicado en Córdoba y una billetera virtual considerada sospechosa por la Oficina de Control de Bienes Extranjero (OFAC). Esta billetera habría estado asociada a un ciudadano sirio en el Líbano con vínculos al Hezbollah.
Se identificaron 34 operaciones de activos virtuales en USDT entre marzo y junio de este año, las cuales, según el informe, estaban de alguna manera relacionadas con otra billetera también marcada por la herramienta de monitoreo “Chainalysis” como sospechosa de financiar actividades terroristas.
En cuanto a los allanamientos, tras diversas tareas investigativas, la fiscalía federal de San Francisco, liderada por María Marta Schanni, solicitó al Juzgado Federal de San Francisco, bajo la supervisión del juez Sergio Pinto, la realización de siete allanamientos en La Porteña, Córdoba, y uno en Vila, Santa Fe.
Los procedimientos fueron llevados a cabo por personal de la Agencia Regional Federal Centro Córdoba, junto con el Departamento Técnico del Cibercrimen y el Departamento de Armas y Explosivos, todos parte de la Policía Federal Argentina.
Como resultado de estos allanamientos, fueron detenidos dos hombres y dos mujeres, quienes quedaron a disposición del juez. Además, se incautaron tres escopetas, una pistola, municiones de diversos calibres, dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con anotaciones, así como una CPU, notebooks y siete teléfonos celulares, según la información proporcionada por la fuente.
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