El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibirá este lunes a las 17 horas en la Casa Rosada a los máximos representantes de la CGT, con el objetivo de suavizar las tensiones surgidas tras la promulgación de la reforma laboral. La reunión será clave para restablecer el diálogo entre el gobierno y el sindicalismo.
Francos se encontrará con una delegación de la central obrera liderada por el cotitular Héctor Daer. Sin embargo, “Pablo Moyano, una de las figuras más críticas dentro de la CGT, no estará presente”, según informaron fuentes sindicales a la Agencia Noticias Argentinas. Moyano, quien representa al ala más opositora del movimiento sindical, se ha mostrado reticente a participar en las negociaciones recientes con el gobierno.
El encuentro contará con la participación de otros referentes sindicales, entre ellos Carlos Acuña (cotitular de la CGT y representante de estaciones de servicio), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Seguros), Sergio Romero (UDA), Marina Jaureguiberry (docentes privados), Maia Volcovinsky (judiciales) y Argentino Geneiro (gastronómicos).
La reciente reglamentación de la reforma laboral, incluida en la Ley de Bases, junto con el conflicto en torno a Aerolíneas Argentinas, ha profundizado la distancia entre el gobierno de orientación libertaria y la CGT. Esta relación ya venía deteriorada luego de que la central sindical se retirara del diálogo social propuesto por el Ejecutivo meses atrás.
Entre los puntos clave de la reforma laboral que presentó el gobierno se incluyen “un blanqueo de impuestos sobre el trabajo, facilidades para la contratación de empleados independientes y la posibilidad de acordar alternativas para el cese laboral en beneficio de ambas partes”.
A pesar de este clima tenso, en los últimos días se observó un gesto favorable del gobierno hacia los gremios, con la decisión del Congreso de aplazar el tratamiento de un proyecto de ley sobre democracia sindical. Este proyecto, impulsado por el PRO y la UCR, propone “eliminar la reelección indefinida de los sindicalistas, prohibir la cuota solidaria, garantizar la representación de las minorías, exigir la presentación de declaraciones juradas y democratizar las obras sociales”. La medida fue postergada en las comisiones legislativas, lo que alivió momentáneamente la presión sobre los gremios.
