El gobierno de los Estados Unidos ha pedido a la jueza Loretta Preska del Tribunal de Distrito de Nueva York que postergue la decisión sobre el caso de expropiación de YPF hasta después de las elecciones presidenciales del 6 de noviembre de 2024. La solicitud fue presentada por el fiscal Damian Williams, del Distrito Sur de Nueva York, en una carta que expresa que el Departamento de Justicia está evaluando presentar una "Declaración de Interés" en el caso.
La disputa legal, que enfrenta a Argentina con los accionistas de YPF, tiene el potencial de afectar tanto a la compañía como a las relaciones diplomáticas entre el país sudamericano y la administración de la Casa Blanca. En este contexto, el gobierno de Javier Milei está bajo la lupa de los litigios internacionales que involucran a la petrolera nacional.
Los accionistas, representados por Petersen Energía Inversora S.A.U. y Eton Park Capital Management, exigen que Argentina entregue el 51% de participación en YPF como compensación por los daños que aseguran haber sufrido tras la nacionalización de la empresa en 2012. En primera instancia, el tribunal falló en contra de Argentina, ordenando el pago de más de 16.000 millones de dólares.
La intervención de Estados Unidos podría ser decisiva. El fiscal adjunto, David Farber, detalló en su carta que el Departamento de Justicia tiene hasta el 6 de noviembre para decidir si intervendrá formalmente en el litigio. En este sentido, solicitó que la jueza Preska no emita su fallo hasta que se tome una determinación oficial por parte del gobierno estadounidense.
El posible involucramiento de Washington refleja la magnitud del caso, que no solo tiene implicancias económicas, sino también diplomáticas. El proceso de evaluación involucra a varias agencias gubernamentales y requiere la aprobación del Fiscal General Adjunto Principal para la División Civil del Departamento de Justicia.
Argentina bajo presión internacional
La demanda se remonta a la expropiación de YPF por el gobierno argentino en 2012, cuando se nacionalizó la empresa sin compensar adecuadamente a los accionistas, lo que generó pérdidas considerables para los inversores. Argentina ha apelado el fallo inicial, que la condenaba a pagar una compensación millonaria. A pesar de los esfuerzos por anular la sentencia, los demandantes han buscado formas de embargar bienes argentinos, aunque sin éxito hasta el momento.
El país pidió recientemente la anulación del fallo ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. Los beneficiarios del fallo, fondos que compraron los derechos de litigio de los accionistas originales, argumentan que Argentina no trató de manera igualitaria a todos los inversionistas, favoreciendo a Repsol, la cual sí recibió compensación tras la expropiación.
En primera instancia, la jueza Preska condenó a Argentina y autorizó a los demandantes a buscar activos para embargar. Sin embargo, los demandantes ahora exploran embargar bienes de entidades públicas como el Banco Nación y el Banco Central, en su búsqueda de compensación.
Este proceso judicial, que se desarrolla en paralelo a las elecciones presidenciales de EE.UU., añade presión a la administración argentina, que enfrenta uno de los litigios más costosos de su historia reciente.
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