El secretario de Comercio, Pablo Lavigne
La posible tormenta económica que se avecina en Rosario
Una reciente resolución del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, ha generado una enorme controversia al eliminar la inclusión de tasas municipales y provinciales en las facturas de servicios públicos. Esta medida, según advierten varios analistas y funcionarios, podría sumir a Rosario en una situación alarmante, con potenciales cortes en el alumbrado público, parálisis en la expansión de cloacas y una subida vertiginosa en las tarifas del gas.
El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, fue el autor de esta normativa. La resolución 267/2024, vigente desde el 10 de septiembre, prohíbe estrictamente el cobro de cualquier concepto adicional que no esté directamente relacionado con el bien o servicio contratado por el consumidor. Aunque la medida busca proteger los derechos del consumidor, el impacto en las finanzas de los municipios, incluidas las de Rosario, puede ser devastador.
La postura de Javkin y el futuro de la Tasa Vial
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, ha salido en defensa de la Tasa Vial, un recargo del 1,6% sobre los combustibles cuyo objetivo es financiar el arreglo de calles. Según Javkin, este tributo no debería verse afectado por la resolución, ya que es una tasa con contraprestación directa y no un simple cargo adicional en la factura. Además, se ha mostrado firme en su postura al señalar que “tenemos que dejar de bailar al ritmo del AMBA”, refiriéndose a la autonomía de Rosario respecto a las decisiones que afectan principalmente al área metropolitana de Buenos Aires.
Sin embargo, de aplicarse la resolución a rajatabla, la Tasa Vial podría quedar desfinanciada, junto con otros tributos que sostienen servicios esenciales como el alumbrado público y las obras de desagüe y cloacas.
Una medida que ya está afectando al interior del país
La medida no es nueva en la escena política argentina. Desde hace años, varios gobiernos municipales y provinciales han sido señalados por incluir en las facturas de servicios públicos cargos ajenos al servicio ofrecido. En Rosario, por ejemplo, esta práctica ha sido objeto de debate desde 2008, cuando el entonces concejal Jorge Boasso presentó un proyecto para analizar la legalidad de dichas tasas.
Pero la gran pregunta que surge es: ¿por qué la resolución actual podría causar estragos en Rosario y otras localidades santafesinas? La respuesta radica en las múltiples tasas que los municipios cobran a través de las boletas de servicios esenciales. Estos cargos han sido una fuente vital de financiamiento para una serie de obras y servicios que, de otro modo, no podrían sostenerse.
Los derechos del consumidor como escudo
La resolución 267 se ampara en la Ley de Defensa del Consumidor y el artículo 42 de la Constitución Nacional, que protegen el derecho de los usuarios a recibir información clara y veraz sobre los servicios contratados. En este marco, el texto prohíbe expresamente que se incluyan conceptos ajenos al bien o servicio en las facturas.
Si bien este enfoque busca defender al consumidor, en la práctica, puede terminar perjudicando a los usuarios que dependen de servicios cuya financiación está atada a estas tasas. En Rosario, por ejemplo, la Tasa Vial es fundamental para el mantenimiento de las calles, y su eliminación podría generar una paralización en las obras viales.
El impacto en la infraestructura de Rosario
La situación es crítica para la ciudad. Rosario depende de varios impuestos y tasas locales para financiar obras de infraestructura, como la extensión de las redes de cloacas y la electrificación rural. Si estos recursos se ven afectados, los residentes de las zonas más alejadas podrían quedar sin acceso a servicios esenciales como la electricidad, y las obras de desagüe, cruciales para evitar inundaciones, quedarían inconclusas.
Conclusión: Un futuro incierto para Rosario
La resolución 267/2024 abre una puerta peligrosa para las finanzas municipales, no solo en Rosario, sino en muchos otros municipios que dependen de tasas locales para sostener sus servicios. Mientras que la medida busca proteger a los consumidores, podría terminar afectando la calidad de vida de miles de ciudadanos al desfinanciar obras esenciales.
Si el gobierno nacional mantiene su postura, es probable que este tema termine en los tribunales, con demandas tanto de intendentes como de consumidores, mientras el futuro de servicios vitales para la ciudad de Rosario cuelga de un hilo.
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