Dos viviendas utilizadas como puntos de venta de drogas fueron demolidas este miércoles en Rosario, por orden judicial, en el marco de la Ley de Microtráfico. Estas casas, ubicadas en la calle Misiones al 2100 y al 2200 del barrio Santa Lucía, estaban conectadas con los homicidios de Marcos Daloia, un colectivero asesinado el 7 de marzo, y Bruno Bussanich, un trabajador de estación de servicio, quien perdió la vida el 10 de marzo en un ataque brutal.
El derribo fue ordenado como parte de las medidas impulsadas por el gobierno de Maximiliano Pullaro para combatir el narcotráfico y la violencia en la provincia de Santa Fe. Esta acción es parte de un esfuerzo coordinado para desmantelar estructuras delictivas a nivel local, que ha incluido la demolición de otros puntos de venta de drogas en toda la provincia.
"Habíamos solicitado la demolición de estos inmuebles judicialmente," explicó el fiscal Franco Carbone, pero inicialmente la jueza a cargo consideró que bastaba con desactivar los puntos. Sin embargo, los lugares fueron ocupados nuevamente y continuaron siendo utilizados para cometer delitos. Por ello, se requirió una nueva intervención judicial que culminó en la demolición.
El fiscal Patricio Saldutti añadió que el domicilio de Misiones al 2100 se identificó como la base desde donde partieron los autores del homicidio de Daloia, mientras que la propiedad en Misiones al 2200 estuvo vinculada al asesinato de Bussanich. Ambos crímenes se produjeron durante la ola de narcoterrorismo de marzo, una reacción de las bandas delictivas ante las medidas de seguridad implementadas en las cárceles contra líderes de organizaciones narco.
“Los indicadores de violencia están en retroceso,” afirmó Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Seguridad. Resaltó que, en Rosario, se han derribado 25 de los 30 puntos de venta de drogas demolidos en la provincia y aseguró que las políticas implementadas continuarán para evitar que la ciudad vuelva a sufrir situaciones similares.
Ley de Microtráfico: Una herramienta contra el narcomenudeo
La Ley de Microtráfico, aprobada en 2023, permite que los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) investiguen delitos relacionados con el narcomenudeo, algo que antes era competencia exclusiva de la Justicia Federal. Con esta normativa, los puntos de venta de drogas minoristas, especialmente los bunkers construidos para la venta de estupefacientes, pueden ser desmantelados o demolidos de manera forzosa.
El objetivo principal es desarticular las bases operativas del tráfico de drogas a nivel local, mientras que la Justicia Federal se encarga de perseguir a los eslabones más altos de la cadena del narcotráfico. Desde el comienzo de su implementación, esta ley ha sido clave en la lucha contra el crimen organizado en la provincia de Santa Fe.
