El próximo 1 de octubre marcará un punto de inflexión para más de un millón de personas afiliadas al monotributo social en Argentina. Un proceso de reempadronamiento, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Humano, amenaza con dejar sin cobertura de obras sociales a 617.626 titulares y 585.415 adherentes de programas sociales. Hasta ahora, solo el 3% de los afectados ha completado el trámite, pese a que es necesario que lo haga el 85% para garantizar la continuidad del sistema de salud.
Una crisis inminente
La titular de Monotributistas Asociados de la República Argentina (MARA), Noelia Villafañe, advirtió en declaraciones radiales que este reempadronamiento, cuya fecha límite es el 30 de septiembre, podría provocar un "quiebre" en el sistema de salud. Según la nueva normativa, los monotributistas sociales deberán pagar 6.900 pesos por cada titular y adherente, lo que representa un fuerte impacto para quienes ganan menos de 78.000 pesos mensuales, un ingreso por debajo de la línea de indigencia.
Villafañe subrayó que la desaparición del monotributo social implicaría "la eliminación de una opción de acceso a la formalidad" para trabajadores de bajos ingresos, que suelen recurrir a esta categoría para emitir facturas esporádicamente. Si la figura impositiva desaparece, los monotributistas sociales enfrentarían un aumento de más del 700% en sus contribuciones.
Consecuencias para las obras sociales
Una de las principales preocupaciones es la pérdida masiva de afiliados que podría sufrir el sistema de obras sociales. "Esto va a terminar desfinanciando a las obras sociales, lo que podría derivar en cesaciones de pagos y la intervención del Estado", alertó Villafañe. Sin esa cobertura, tanto los monotributistas sociales como los comunes verían afectado su acceso a la salud.
Desde MARA insisten en que la medida no solo afectará a los monotributistas sociales, sino que tendrá repercusiones en el sistema de salud general. Por ello, están solicitando que el plazo de reempadronamiento se extienda hasta el 31 de diciembre.
Un costo elevado para el Estado
Villafañe advirtió que la decisión del gobierno, liderado por Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, de ahorrar los 6.900 pesos que el Estado aporta actualmente por cada monotributista social, podría ser contraproducente. Si un monotributista con una condición crónica como la diabetes queda fuera del sistema, será el propio Estado quien deba asumir los costos de tratamientos y medicaciones, que en el caso de un paciente diabético pueden llegar a los 600.000 pesos mensuales.
"Lo que está haciendo el Estado es cambiar 6.900 pesos por 600 mil", advirtió Villafañe, destacando que, al perder el acceso al monotributo social, muchos trabajadores pasarán a la informalidad y dejarán de contribuir al sistema.
Tres consecuencias graves
El diputado Daniel Arroyo, de Unión por la Patria, destacó tres consecuencias negativas de esta medida. En primer lugar, promovería un aumento en la informalidad laboral, ya que muchos de los afectados no podrán pasar a la categoría A del monotributo y, en su lugar, volverán al trabajo no registrado.
En segundo lugar, señaló que "eliminar esta categoría es dejar sin cobertura de salud a miles de personas que dependen de su trabajo". Para muchos, el monotributo social no solo es una forma de facturar, sino también un medio para acceder a una obra social.
Finalmente, Arroyo subrayó que se perdería el efecto promocional del monotributo social, que permite a los pequeños emprendedores organizarse y escalar gradualmente dentro del sistema. "Es un régimen que existe en muchos países con el fin de apoyar a quienes están empezando", agregó.
Un impacto en sectores vulnerables
El monotributo social ha sido una herramienta clave para formalizar trabajos históricamente invisibilizados, permitiendo que sectores de bajos ingresos accedan a aportes, microcréditos y programas de apoyo. Entre los principales beneficiarios se encuentran mujeres y jóvenes de sectores populares. Según el informe 2023 del ReNaTep, el 38% de los inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular tienen entre 25 y 35 años.
Villafañe concluyó que será la sociedad en su conjunto quien pague las consecuencias de esta medida, ya que el Estado no ha considerado el impacto que tendrá sobre los diabéticos, oncológicos y personas con discapacidad que dependen de la cobertura de salud.
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