En un golpe inesperado para el oficialismo, el senador Martín Lousteau, perteneciente a la Unión Cívica Radical (UCR), fue elegido como presidente de la comisión Bicameral de Inteligencia. Esta decisión, apoyada por el kirchnerismo, sorprendió al Gobierno, que había impulsado a Edgardo Kueider (Unidad Federal) como su candidato para liderar este organismo clave, responsable de auditar los gastos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Lousteau, que forma parte del sector Evolución dentro del radicalismo, una facción crítica y confrontativa, consiguió imponerse en una elección que se vio marcada por la falta de consenso en el oficialismo. La presidencia de esta comisión es crucial, especialmente en un momento en que la SIDE se prepara para administrar un presupuesto de 100 mil millones de pesos asignado por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por Javier Milei.
El respaldo kirchnerista y su impacto
Ante la imposibilidad de proponer un candidato propio, el kirchnerismo decidió apoyar a Lousteau, quien ha mantenido una postura crítica hacia el Gobierno, especialmente durante el debate de la Ley Bases en el Senado. Esta alianza inesperada debilitó la posición del oficialismo en un momento en que necesitaba consolidar el control sobre la Bicameral.
Lousteau ya había mostrado su oposición al DNU 70/2023, que buscaba desregular la economía, y su grupo político votó en contra del DNU 656, que proponía los fondos reservados para la SIDE. Aunque la medida fue rechazada, el acto subrayó la independencia y la postura crítica de Lousteau frente a la Casa Rosada.
La postura del Gobierno en medio de la polémica
Antes de la conformación de la comisión, desde la Casa Rosada se justificó la asignación de los 100 mil millones de pesos a la SIDE, argumentando que eran necesarios para la compra de tecnología y equipamiento esencial. Un alto funcionario declaró que "queremos comprar el equipamiento que se llevó la gestión de Caamaño y darle forma a la nueva estructura".
La reestructuración de la SIDE, que ahora está dividida en cuatro agencias diferentes, junto con la implementación de un nuevo sistema de rendición de cuentas, ha sido parte de los esfuerzos del Gobierno para modernizar la inteligencia estatal. Sin embargo, persisten las controversias sobre la ejecución del presupuesto asignado, con la administración desmintiendo que se haya gastado el 78% de los fondos secretos, aclarando que dichos montos ya tienen un destino asignado pero no han sido ejecutados en su totalidad.
