La diputada provincial del Partido Socialista, Lionella Cattalini, ha presentado una denuncia formal ante la justicia federal de Rosario contra el juez federal Marcelo Bailaque, exigiendo una investigación exhaustiva sobre presuntos hechos ilícitos. En su denuncia, Cattalini señala la posible implicación de Bailaque en una red criminal y de corrupción vinculada al conocido narcotraficante Esteban Alvarado y al contador Gabriel Mizzau, quien además de manejar las finanzas de Alvarado, se desempeña como contador personal del juez Bailaque.
Cattalini ya había solicitado al Consejo de la Magistratura información sobre el estado de una denuncia realizada en 2022 por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe contra Bailaque, acusándolo de obstruir la investigación contra Esteban Lindor Alvarado desde 2013. No fue hasta abril de este año que el Consejo abrió un sumario contra el juez.
La legisladora subrayó la urgencia de identificar a quienes han permitido la impunidad en estos casos. “En Rosario la justicia federal llegó siempre tarde. Hay responsables que tienen nombre y apellido, y que durante mucho tiempo se valieron de escritorios y anonimato. Si no cortamos con los círculos de corrupción e impunidad no vamos a terminar con el espiral de violencia,” afirmó Cattalini.
Otro aspecto relevante presentado por Cattalini en su denuncia se refiere a la contratación sin concurso de Sebastián Mizzau, hijo de Gabriel Mizzau, en el juzgado federal dirigido por Bailaque. Según la información disponible, Mizzau hijo fue contratado en 2017 sin seguir el debido proceso y ascendió el mes pasado al Tribunal Federal Oral 3 de Rosario.
La diputada expresó su indignación al respecto: “Es un escándalo que un juez de la Nación comparta contador con el principal narco de la provincia de Santa Fe y que además, contrate al hijo de dicho contador para que trabaje en su juzgado. Bailaque manejó todas las causas contra Alvarado. Necesitamos esclarecer quiénes están protegiendo a este juez que se ha caracterizado por no investigar, llegar tarde y obstaculizar los procesos judiciales.”
En el marco de la investigación, recientemente se dictó una orden de allanamiento sobre las oficinas de Gabriel Mizzau. No obstante, los domicilios declarados ante la AFIP no coincidían con los reales, lo que genera sospechas sobre una posible advertencia previa. “Que un contador no declare el domicilio real de su estudio es una falta grave. Y por supuesto que la primera hipótesis es que Bailaque le avisó a Mizzau que iban a allanarlo,” añadió Cattalini.
Finalmente, la diputada se refirió al estado actual de la justicia federal: “A nivel nacional corremos riesgo de que Ariel Lijo integre la Corte Suprema de Justicia, un juez acusado de corrupción, y que garantice impunidad para otros jueces corruptos. Por ejemplo, la de Marcelo Bailaque, cuyo sumario fue abierto por el Consejo de la Magistratura dos años más tarde de que los fiscales presentaran la denuncia,” denunció.
“La Justicia es esencial para investigar y sancionar adecuadamente. Si no funciona con eficacia, el crimen organizado avanzará mucho más rápido que el Estado, creando un aparato cada vez más grande que multiplica el delito en Santa Fe y en todo el país,” concluyó Cattalini.
