La denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género ha generado un gran impacto en la política argentina, suscitando un rechazo generalizado. En respuesta, diputados nacionales del PRO han presentado un proyecto de ley con el objetivo de que la violencia de género sea considerada un delito de instancia pública. Esta medida permitiría al Estado intervenir sin que sea necesaria una denuncia formal por parte de la víctima.
La propuesta, que fue anunciada este miércoles, busca modificar el artículo 72 del Código Penal argentino, que actualmente clasifica la violencia de género como un delito de “instancia privada”. La nueva legislación permitiría a cualquier fiscal actuar e iniciar investigaciones de oficio al tomar conocimiento de que una mujer es víctima de violencia, sin que sea indispensable una denuncia previa.
“Cuando una mujer sufre violencia, el miedo, la coerción y la presión social a menudo impiden que la víctima denuncie. Por eso, esta ley busca facilitar el proceso de denuncia y otorgar a la justicia la facultad de actuar motu proprio”, explicaron los diputados. Además, añadieron que la propuesta incluye delitos sexuales y otras formas de violencia que actualmente requieren instancia privada y pretende asegurar que las víctimas reciban apoyo de instituciones especializadas durante el proceso judicial.
El proyecto, liderado por Cristian Ritondo, había sido previamente presentado por la exdiputada nacional Carmen Polledo y cuenta con el respaldo de varios legisladores del PRO, incluidos Florencia de Sensi, Alejandro Finocchiaro, Gabriel Chumpitaz, y otros.
Esta iniciativa surge en el contexto de la denuncia realizada por Yañez desde España en una audiencia virtual con el juez Ercolini, quien ha impuesto medidas restrictivas al exmandatario. En el contexto de esta denuncia, se ha presentado evidencia fotográfica y en video que podría implicar al expresidente en actos de violencia.
El PRO argumenta que esta reforma es crucial para asegurar que el Estado cumpla con su deber de proteger a las mujeres y perseguir a los agresores, incluso cuando las víctimas no puedan o no deseen emprender acciones legales, promoviendo así una mayor justicia y alineando a Argentina con los compromisos internacionales en la lucha contra la violencia de género.
