La reciente resolución de la Cámara de Apelaciones del Trabajo ha generado inquietud en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger. En un fallo que podría tener repercusiones significativas, el tribunal ordenó la reincorporación de tres trabajadores del astillero estatal Tandanor, despedidos en 2018, y el pago de seis años de salarios retroactivos.
El despido de estos trabajadores, afiliados al Sindicato de Trabajadores de Talleres Navales (SITTAN), fue considerado por la justicia como discriminatorio, al estar motivado por su actividad sindical. La resolución establece que los empleados deberán ser reincorporados a sus puestos y recibir los salarios caídos desde agosto de 2018 hasta la fecha.
Un Precedente Complicado para Sturzenegger
Sturzenegger, quien impulsa un plan de reducción de personal en el Estado, enfrenta ahora un obstáculo inesperado. Según la resolución, el despido de Diego Carrasco, uno de los trabajadores afectados, “encubrió un móvil discriminatorio basado en la actividad sindical”. Carrasco, junto con sus compañeros David Melián y Eduardo Soler, será reinstalado en su puesto en el astillero Tandanor, que depende del Ministerio de Defensa.
El abogado de los trabajadores, Ernesto Zas, destacó la importancia de este fallo, señalando que “el derecho a no ser discriminado es una conquista fundamental” y que no debe tolerarse en ningún ámbito, “tampoco el laboral”. Zas también criticó la posibilidad de que la Ley Bases permita monetizar el pago por discriminación, advirtiendo que esto podría “envilecer las relaciones laborales”.
Contexto y Repercusiones
El despido de Carrasco, Melián y Soler en 2018 formó parte de un plan de cesantías implementado por el gobierno de Mauricio Macri, que afectó a 26 trabajadores de Tandanor bajo la dirección de Jorge Arosa, entonces presidente del astillero. Tandanor, conocido por la reparación del rompehielos Irizar, es parte del Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR).
Este fallo podría tener implicaciones más amplias para el gobierno de Javier Milei, bajo cuya administración se han producido al menos 28 mil cesantías en el Estado, según el último informe de dotación del INDEC. Los sindicatos, como ATE y UPCN, han llevado estos recortes a la justicia, argumentando que muchos despidos son ilegales, y confían en que, como en el caso de Tandanor, la justicia eventualmente les dará la razón.
Mientras tanto, el oficialismo minimiza las críticas, argumentando que se trató de no renovar contratos temporales en lugar de despidos. Sin embargo, este fallo podría desencadenar una serie de litigios que desafíen las políticas de personal del actual gobierno.
