El gobierno nacional avanza en su proceso de desregulación del sector transporte, eliminando la obligación de que los micros de larga distancia cubran los riesgos de muerte e incapacidad de los pasajeros dentro del seguro obligatorio. Esta decisión, anunciada a través de la Resolución 775/2024 del Ministerio de Economía y publicada en el Boletín Oficial el 22 de agosto de 2024, forma parte de la implementación del principio de desregulación establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que marcó el inicio de la gestión de Javier Milei.
La nueva normativa deja sin efecto la Resolución 684, que fue emitida durante el gobierno de Alberto Fernández y que había ampliado el seguro de responsabilidad civil para incluir cobertura en casos de muerte e incapacidad de los pasajeros en el transporte automotor interurbano de larga distancia. Con la derogación, también se elimina la obligación de las empresas de informar el costo de este seguro en los boletos, medida que se había implementado para detallar el alcance de la cobertura a los pasajeros.
A partir de ahora, las compañías de transporte sólo estarán obligadas a proporcionar los seguros básicos contratados, lo que se espera que reduzca el costo de las tarifas debido a la eliminación del importe asociado a la cobertura ampliada.
El Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, explicó que la medida se adoptó tras consultar con la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros sobre la compatibilidad de las disposiciones del DNU 70/2023 con la normativa vigente desde octubre de 2022. La dirección concluyó que era necesario ajustar la reglamentación al principio de desregulación promovido por el decreto, con el fin de priorizar los principios de apertura y competencia en el sector.
El DNU 70/2023, que introdujo la desregulación, establece que el Estado Nacional fomentará un sistema económico basado en decisiones libres dentro de un entorno de libre competencia, respetando la propiedad privada y los principios constitucionales relacionados con la libre circulación de bienes, servicios y trabajo. Además, prevé una desregulación amplia del comercio, los servicios y la industria, eliminando las restricciones a la oferta y las exigencias normativas que distorsionen los precios de mercado y obstaculicen la iniciativa privada.
